Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió a los señalamientos de Panama Ports Company (PPC), calificándolos como “infames” y “mentira”, en medio de la demanda de arbitraje internacional que enfrenta al Estado panameño con la concesionaria portuaria.
“Es infame y es mentira. Nosotros hemos designado abogados internacionales que nos van a defensor, y bien defendidos en ese proceso arbitral”, afirmó el mandatario, quien además adelantó que en los próximos días el Gobierno emitirá un comunicado detallando lo que denominó “las bellezas” de PPC, en alusión a presuntas irregularidades de la empresa.
mulino explicó que la solicitud de extensión de tiempo en el arbitraje se debía a que el país necesitaba seleccionar la representación legal adecuada. “Nos notificamos un miércoles y había que responder el viernes, por lo que se pidió una prórroga. Es algo muy común”indicó, al tiempo que detalló que se consultó a tres firmas internacionales antes de elegir la que llevará el caso.
Las declaraciones surgen luego de que PPC asegurara, en un comunicado reciente, que la República de Panamá está deteriorando su prestigio como destino de inversión extranjera, a raíz de los acontecimientos registrados en los puertos de Balboa y Cristóbal, así como por el desarrollo del arbitraje internacional entre ambas partes.
La compañía sostuvo que el Estado panameño ha mantenido una “conducta sostenida” que afecta la confianza de los inversionistas, semanas después de lo que calificó como una “toma indebida” de las terminales portuarias. Asimismo, cuestionó que Panamá no presentará su respuesta dentro del plazo original establecido por la Cámara de Comercio Internacional, señalando que el Gobierno alegre no estará preparado al no contar con abogados ni un plan de defensa en ese momento.
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En ese sentido, PPC criticó que el país solicitara una extensión parcial pese a haber indicado previamente que llevaba meses desarrollando una estrategia para los puertos. También denunció que durante la ocupación de las terminales se habrían afectado operaciones, contratos y empresas proveedoras vinculadas a la actividad portuaria.
Otro de los puntos señalados por la empresa es la supuesta retención de documentos corporativos, que —según afirma— fueron confiscados por autoridades panameñas tanto en las instalaciones portuarias como en un depósito privado. PPC sostiene que se le ha negado el acceso a archivos, computadoras y documentos que consideran protegidos legalmente.
De acuerdo con la compañía, estas acciones reflejan un escenario adverso para la inversión extranjera y constituyen violaciones de contratos, leyes y normas internacionales, por lo que reiteró que se reserva el derecho de emprender todas las acciones legales correspondientes.
el conflicto se da en un contexto marcado por decisiones judiciales y administrativas recientes. El pasado 29 de enerola Corte Suprema de Justicia de Panamá determina que no existe una concesión vigente para la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal, al considerar que el contrato-ley con PPC es lesivo al interés público y otorga beneficios desproporcionados a la empresa.
Posteriormente, el 23 de febrero, la Autoridad Marítima de Panamá Hizo efectiva la toma de control de ambas terminales, lo que desencadenó una escalada del conflicto legal.
De hecho, hace una semana. PPCjunto a su casa matriz CK Hutchison Holdings Limitedanunció la intensificación de sus acciones legales tanto a nivel local como internacional, ampliando el arbitraje en el que reclamar al menos 2,000 millones de dólares en daños, además de presentar nuevos recursos contra el decreto ejecutivo que ordenó la toma de sus activos y la incautación de documentación.
Mientras el proceso arbitral avanza, el Gobierno panameño insiste en que cuenta con la defensa adecuada y rechaza los señalamientos de la empresa, en un caso que mantiene la atención sobre la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país.
