Pocas horas después de asumir como presidente interino de Perú, el izquierdista José María Balcázar, de 83 años, se enfrentó este jueves a fuertes críticas por declaraciones polémicas del pasado e investigaciones en su contra por supuesta corrupción.
Elegido el miércoles por la noche al frente del Estado, al día siguiente de la destitución relámpago de José Jeri, este abogado, ex juez de la Corte Suprema y parlamentario desde 2021, se convirtió en el octavo presidente del país desde 2016.
El mandato de Balcázar finaliza a finales de julio, cuando asuma el presidente que ganó las elecciones presidenciales del 12 de abril.
“Es un país de locos, uno se acuesta con un presidente y se despierta con otro”, ironiza Fabiola Fernández, una trabajadora independiente de Lima consultada por la AFP.
Organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos expresaron el jueves su rechazo por declaraciones del mandatario. En 2023, durante un debate sobre la prohibición del matrimonio infantil, Balcázar había afirmado ante una comisión del Parlamento que “las relaciones sexuales precoces ayudan al desarrollo psicológico futuro de la mujer”.
“El nombramiento de una autoridad con antecedentes públicos controvertidos y declaraciones que justifican la violencia sexual contra niñas y adolescentes genera una legítima preocupación ciudadana”, señaló la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en un comunicado publicado en X.
El Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán consideró que su elección era “la expresión de la profunda crisis ética y democrática” del país.
“Quien minimiza la violencia contra las mujeres y las niñas no expresa una opinión aislada, sino que revela una actitud complaciente frente a los abusos”, añadió la organización en un comunicado.
Perú adoptó en 2023 una reforma del Código Civil que prohíbe el matrimonio con personas menores de 18 años, suprimiendo una excepción legal que antes permitía uniones de adolescentes con autorización de sus padres.
Interrogado el jueves por la radio RPP, Balcázar denunció “leyendas negras” que, según él, buscan distorsionar sus palabras, afirmando tener “una trayectoria impecable”.
Elegido bajo las siglas del partido de izquierda Perú Libre, el octogenario está siendo sometido a investigaciones por presunta apropiación ilícita de fondos y corrupción.
Exjuez de la Corte Suprema, fue destituido en 2011 por el Consejo Nacional de la Magistratura, que mencionó graves deficiencias en el ejercicio de sus funciones tras la anulación de decisiones judiciales firmes.
En 2022, además, fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque en el norte de Perú por faltas de orden ético, civil y penal vinculados a su gestión como exdecano, decisión confirmada en 2024. Más recientemente, se presentó en su contra una denuncia constitucional por presunta corrupción en un caso vinculado a la exfiscal Patricia Benavides, según el Ministerio Público.
Un salto al vacío
En el frente político, su llegada al poder también ha suscitado fuertes reacciones, al igual que el proceso que condujo a la destitución de Jerí.
La candidata de derecha a la presidencia Keiko Fujimori calificó su elección como “un día muy triste para el país”, acusando a la “izquierda radical” de volver a sumir al Perú en el caos.
El presidente interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi, calificó de “error gravísimo” la destitución de Jerí, aludiendo a “un salto al vacío”. “Destituyeron a Jerí sin saber qué vendría después. Y ahora vemos las consecuencias”, lamentó a la prensa Rospigliosi.
“No han buscado a una persona de consenso y se han encontrado a la primera que estaba en el paso. Y por un tema ideológico, la mayoría del Congreso ha votado por él sin conocerlo”, dijo a la AFP el constitucionalista Aníbal Quiroga.
Jerí enfrentaba siete mociones de vacancia presentadas por la minoría de izquierda y un bloque de partidos de derecha, que le reprochaban una “falta de idoneidad” para ejercer sus funciones.
Dos investigaciones preliminares de la fiscalía por presunto tráfico de influencias contribuyeron a su caída.
