El 2026 ha sido testigo de dos procesos de postulación, de los cuales ya se definió el de magistrados al Tribunal Supremo Electoral, pero aún queda el de fiscal general.
La comunidad internacional observa el proceso desde su inicio. Entre otras, han tenido presencia en el país organizaciones como la de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI) y la Asociación Internacional de Abogados (IBA, en inglés).
Esta última recientemente emitió una serie de conclusiones y recomendaciones al proceso de postulación que terminará por renovar autoridades en el Ministerio Público (MP), pero que también se extiende al resto de procesos donde se elige a autoridades judiciales.
La IBA emitió el informe «La democracia de Guatemala en una encrucijada», donde resaltó que la legitimidad del proceso recaerá en qué tan objetivos sean los comisionados, priorizando las competencias profesionales, éticas e independientes, así como qué acusaciones creíbles de conductas inapropiadas y/o conflictos de intereses sean evaluadas.
Agregan que es importante proteger a operadores de justicia, candidatos e integrantes de la Comisión de Postulación, en un contexto donde la criminalización e intimidación afecta a individuos que se esfuerzan por la lucha anticorrupción y de derechos humanos.
«Es crítico que las autoridades garantizan que los participantes en procesos de elecciones judiciales puedan involucrarse sin miedo a represalias, hostigamiento o presiones indebidas», se lee en su informe, resaltando que esto deteriora la participación de candidatos calificados y debilita la independencia judicial que se busca fortalecer, entre otras recomendaciones.
LAS RECOMENDACIONES
Dos abogadas de la IBA, Francesca Restifo y Eleonora Scala, emitieron nueve recomendaciones para los procesos de comisiones de postulación:
- Que el Estado de Guatemala piense en hacer cambios en las comisiones de postulación para las cortes superiores y fiscal general, para que se elijan a profesionales con carrera, que tengan experiencia, méritos e integridad, y que cumplan con los estándares internacionales de independencia judicial.
- Establecer períodos más largos y sin renovación para jueces y el fiscal general, así como una renovación gradual de los grupos colegiados, para disminuir la influencia de los ciclos políticos y evitar la cooptación institucional.
- La Ley de Comisiones de Postulación y la de Universidades Privadas deben modificarse para asegurar que participen en los procesos de nominación únicamente las universidades con programas de Derecho robustos y acreditados, una producción comprobable de egresados y rectorados transparentes.
- Las comisiones de postulación deben crear métodos que exijan resultados profesionales claros, independencia y experiencia judicial. Esto ayudará a reducir la influencia excesiva de solo las credenciales y títulos académicos.
- Evaluaciones estandarizadas de competencias y entrevistas lo suficientemente largas y públicas para evaluar el conocimiento legal, experiencia, integridad y resistencia a presiones externas más allá del plan de trabajo.
- Análisis exhaustivos de la integridad de los candidatos que logren traspasar la ausencia de sentencias condenatorias y que incluyan la mayor posible evaluación de declaración de activos, información bancaria, eventuales conflictos de intereses y cualquiera de las objeciones con sustento que les señales de corrupción, fraude académico, violaciones a derechos humanos o nexos con grupos de poder de facto.
- Todos los votos deben ser públicos, razonados y atribuidos individualmente, incluyendo a aquellos cuando se aceptan las objeciones o tachas.
- Las instituciones estatales deben apuntar a que los procesos de selección judicial sean transmitidos en los diferentes idiomas del territorio guatemalteco.
- El presidente debe hacer públicos los criterios y requisitos que él sostenga ante la nómina de seis candidatos que la Postuladora le envíe y luego conducir entrevistas públicas con ellos.
En cuanto a la Corte de Constitucionalidad, cada uno de los cinco órganos designantes (presidente, Congreso, Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior Universitario y Colegio de Abogados) debe establecer perfiles claros y criterios a evaluar para quienes resultan escogidos, y la justificación debe realizarse públicamente.
