El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, aseguró este domingo que la justicia actuará con imparcialidad y “sin presiones ni injerencias externas, peor aún internas” en el denominado caso de las 32 maletas, que involucra a una exdiputada ya un juez en funciones en la ciudad de Santa Cruz.
Saucedo realizó estas declaraciones en una conferencia de prensa tras arribar a Santa Cruz procedente de Lima, donde cumplió actividades oficiales, luego de que su nombre fuera mencionado en un video difundido en TikTok por el vicepresidente Edmand Lara. Al respecto, el titular del TSJ señaló que, al margen de esas versiones, confía plenamente en los jueces que tienen a su cargo los procesos abiertos en este caso.
Precisó que los procesos se desarrollan por separado: uno contra la exdiputada Laura Rojas, investigada por la presunta internación de las 32 maletas, y otro contra el juez Hebert Zeballos, por delitos vinculados a sustancias controladas.
Aclaró que las decisiones judiciales se sustentan en “elementos objetivos” contenidos en las imputaciones presentadas por el Ministerio Público, entidad responsable de llevar adelante la investigación penal. En ese sentido, recordó que la labor de los jueces se limita a resolver conforme a derecho sobre la base de los elementos que les son puestos en conocimiento.
Zeballos fue presentado este domingo ante un juez cautelar y el fiscal asignado al caso Julio César Porras anunció que solicitará detención preventiva por 180 días. Entre tanto, la exdiputada Laura Rojas fue citada para este lunes en calidad de testigo.
Saucedo enfatizó que la justicia no asume responsabilidades en la etapa investigativa, sino al momento de emitir resoluciones respecto a personas formalmente imputadas por la Fiscalía.
Por su parte, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Ismael Quezada, afirmó que las autoridades jurisdiccionales designadas actuarán de manera “transparente, objetiva e imparcial”, aplicando exclusivamente la Constitución Política del Estado y la ley.
“No nos corresponde verter opinión respecto a los actos investigativos, sino más bien respecto a la decisión de la autoridad jurisdiccional que vaya a ser asumida. Esa decisión debe enmarcarse únicamente en la Constitución y la ley, despojada de cualquier tipo de injerencia, sea interna o externa”, remarcó.
