La diputada Andrea Ballivián (Alianza Unidad) y representantes de la Coordinadora de la Mujer socializaron este viernes el anteproyecto de Ley Marco de Emprendimientos Emergentes, que plantea la creación de un entorno de protección y dinamización para promover el desarrollo de nuevos emprendimientos en el país, mediante incentivos en los ámbitos tributario, administrativo, de financiamiento y acceso a mercados.
Según la propuesta, la norma se sustenta en tres pilares institucionales, bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua: un Consejo Multisectorial, como órgano de dirección estratégica con participación de ministerios, universidades, sociedad civil y representantes del ecosistema emprendedor; un Registro de Emprendedores Emergentes (REE), que certificará la condición de emprendedor y permitirá acceder a un Número de Identificación Tributaria (NIT) bajo un régimen especial por tres años; y una Agencia Pública de Emprendimientos Emergentes, encargada de administrar el REE, brindar asesoría técnica y gestionar inteligencia de datos.
En el ámbito tributario, el anteproyecto establece un impuesto único del 6%, distribuido de la siguiente manera: 3% para el Estado, en el marco de la coparticipación; 2% destinado a jubilación (pensiones), y 1% para seguro de salud. Asimismo, dispone la exención total del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) y del Impuesto a las Transacciones (IT) durante los primeros tres años, además de la implementación de una contabilidad simplificada y la eliminación de sanciones económicas por errores materiales en las declaraciones durante ese mismo período.
Ballivián, proyectista de la iniciativa, señaló que la propuesta está orientada a universalizar la protección social del sector emprendedor, permitiendo el acceso a salud y pensiones a través del esquema tributario planteado, así como cobertura ante contingencias de enfermedad y vejez.
La norma también incorpora medidas para reconocer la economía del cuidado, entre ellas acciones afirmativas en fondos de fomento y programas de capacitación para quienes certifican labores de cuidado, además de horarios flexibles y espacios de cuidado transitorio en programas estatales.
“Estamos trabajando para que cada emprendedor y emprendedora que hoy está en la informalidad cuente con una ley que le permita formalizarse con protección social y condiciones adecuadas”, afirmó la legisladora.
Por su parte, Mónica Chuquimia, responsable de Empoderamiento Económico de la Coordinadora de la Mujer, indicó que más del 70 % de las mujeres en Bolivia en el sector informal —según la investigación Alli Cullqi: Derechos Económicos trabajas de las Mujeres Diversas en Bolivia—, lo que limita su acceso a seguros de salud, aportes para la jubilación y mecanismos de financiamiento.
“Un marco legal que incorpora protección social y reconoce la economía del cuidado puede contribuir a fortalecer la autonomía económica de las mujeres”, manifestó.
La socialización del proyecto comenzó en Tarija, continuó en Cochabamba y Santa Cruz y concluyó este viernes en La Paz, con la participación de 480 organizaciones de emprendedores, antes de su presentación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
