“Se ha acordado con las organizaciones sindicales más representativas (…) la ejecución de planes de salida, estimadas alrededor de 5.500 empleados”, indicó la empresa en un comunicado, en el que cifró en 2.500 millones de euros (2.900 millones de dólares) el costo del plan en su conjunto. De su lado, los sindicatos indicaron que la cifra de las personas que dejarán la empresa es de al menos 4.525, más de una cuarta parte de la plantilla en el país, mediante salidas voluntarias, acompañadas de un régimen de prejubilación anticipada. La empresa deja la puerta abierta a que máximo otros mil empleados, además de esos 4.525, se adhirieron al plan. Las salidas fueron acordadas tras un mes de negociaciones. A finales de la semana pasada, los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y Sumados‑Fetico dijeron haber aceptado el plan propuesto por la dirección, que excluye despidos forzosos y prorroga el convenio colectivo “hasta 2030”. “Entre un 10% y un 15% de las salidas que se van a producir (…) serán compensadas con nuevas incorporaciones”, precisó UGT en ese momento. El anuncio a finales de noviembre de los recortes de Telefónica, privatizada en 1997, pero que el Estado español tiene una participación del 10%, provocó la irritación del Gobierno de izquierda, que expresó su “profundo desacuerdo” con una decisión que parecía “inadmisible”. Telefónica, en plena reestructuración y enfrentada a una elevada deuda (27.000 millones de euros o 31.600 millones de dólares), anunció a principios de noviembre una pérdida neta que alcanzó los 1.080 millones de euros en los nueve primeros meses del año. El buque insignia español de las telecomunicaciones ha vendido en los últimos años sus filiales en varios países de América Latina, ante una competencia feroz ya las pérdidas de cuota de mercado. El operador, que aspira a convertirse en un actor mayor de la tecnología europea en los próximos años, prevé ahorros que podrían alcanzar los 2.800 millones de euros en 2028 y los 3.000 millones en 2030.
