En una reunión este viernes en la Casa Blanca, Donald Trump ha exigido a un grupo amplio de ejecutivos del sector petrolero invertir al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera venezolana y cumplir su objetivo de «revivir» el sector. … Según su planteamiento, Estados Unidos vendería durante un largo período el crudo venezolano, generando ingresos suficientes para enderezar el país y, de paso, reducir los precios del petróleo a escala mundial. Es una visión ambiciosa, con ecos de grandes reconstrucciones del pasado, pero que no termina de convencer a quiénes deben ejecutarla.
Sobre la mesa hay una presidencial de inversión masiva y, al mismo tiempo, un listado preciso de promesas de condiciones que las grandes petroleras consideran imprescindibles antes de comprometer capital, personal y tecnología en uno de los entornos más inestables del mercado energético global.
En la reunión han estado representadas grandes petroleras con historial en Venezuela y otras interesadas en entrar si cambian las condiciones. Entre las citadas por fuentes del sector figuran Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, Valero, Marathon, Halliburton, Trafigura, Vitol, Eni y la española Repsolademás de compañías medianas y de servicios energéticos. La Administración busca ampliar el abanico ante las reticencias de las ‘majors’ a asumir compromisos inmediatos de inversión.
Repsol mantiene una presencia histórica en Venezuela a través de empresas mixtas con PDVSA, y en proyectos de gas como Cardón IV. El país concentra una parte relevante de sus reservas y producción, aunque su actividad ha estado condicionada por sanciones y licencias. La compañía acude con el interés de preservar activos, reactivar exportaciones y clarificar el marco legal y fiscal antes de cualquier aumento de inversión.
En la reunión, el presidente Trump ha saludado, entre otros, al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. A continuación, ha defendido sus acciones en Venezuela al afirmar que, de no haber intervenido Estados Unidos, «China o Rusia habrían tomado el control del sector». Trump ha añadido que no ve necesaria «una segunda ronda de ataques», al considerar que la presencia naval estadounidense en la zona es suficiente. «Tenemos una enorme armada allí, la gente del país se lleva muy bien con nosotros y lo están haciendo bien, así que no hay que usar esos barcos que tenemos desplegados», ha afirmado.
Después ha dado la palabra a los máximos directivos de tres grandes empresas del sector con intereses históricos en Venezuela: Mark Nelson, de Chevron; Darren Woods, de Exxon Mobil; y Ryan Lance, de ConocoPhillips. Los tres han coincidido en que los recursos del país son «enormes» y «muy ricos», y han expresado su disposición a regresar si se ofrecen garantías claras. Woods ha subrayado en particular la necesidad de «seguridad para las inversiones y para los accionistas».
En el grupo de 23 directivos invitados ha habido representantes de compañías como Marathon Oil, Halliburton o Hilcorp. Su estimación es que podrían entrar a explotar recursos en Venezuela en cuestión de semanas.
Aumentar la producción
Del lado de la Administración, lo que se pide a las empresas es claro: una implicación sostenida, a gran escala y con rapidez. Washington busca compromisos que permitan aumentar la producción en cientos de millas de barriles diarios, reconstruir campos maduros, rehabilitar refinerías, puertos, oleoductos y sistemas eléctricos, y devolver a Venezuela una capacidad exportadora cercana a la de antes del colapso del sector. Todo ello con la expectativa de que las compañías asuman riesgos iniciales elevados a cambio de acceso privilegiado a las mayores reservas probadas de crudo del planeta.
La Casa Blanca también espera algo más que inversión. Pretende que las petroleras actúen como ancla de estabilidad, generen empleo, aporten tecnología y contribuyan a normalizar el funcionamiento de PDVSA bajo un nuevo marco político. En el discurso oficial, la entrada del capital privado serviría como palanca para consolidar una transición, reforzar el control institucional y reducir la influencia de actores externos considerados adversarios de Estados Unidos.
La Casa Blanca pretende que las petroleras actúen como ancla de estabilidad, generen empleo, aporten tecnología y contribuyan a normalizar el funcionamiento de PDVSA.
Frente a ese planteamiento, las empresas han llegado a la reunión con un enfoque mucho más prudente. La consigna compartida era evitar promesas firmes y ganar tiempo. Los ejecutivos no discuten el atractivo geológico de Venezuela ni el potencial de rentabilidad a largo plazo, pero subrayan que el contexto actual no justifica compromisos inmediatos de decenas de millas de millones de dólares. Para ellos, el problema no es el petróleo, sino todo lo que rodea al petróleo.
La primera exigencia es el Estado de derecho. Las compañías reclaman garantías de seguridad jurídica, protección de activos, respeto a los contratos y un marco legal estable que no pueda revertirse con cada cambio político. Recuerdan que el sector fue militarizado, que las instalaciones han sufrido robos sistemáticos y que existe un historial de detenciones arbitrarias y toma de rehenes. Sin un entorno mínimamente previsible, envíe personal y equipos a zonas remotas del país es, a su juicio, una apuesta excesiva.
Estabilidad política
La segunda condición es la estabilidad política. Los proyectos necesarios para recuperar la producción requerirían más de una década y una inversión anual superior a los 10.000 millones de dólares. Ese horizonte supera con creces el ciclo político estadounidense y obliga a pensar en gobiernos futuros, tanto en Washington como en Caracas. Las petroleras dudan de que las garantías ofrecidas por una sola Administración se basan para proteger inversiones a tan largo plazo si no existe un consenso político amplio y duradero.
Un tercer punto clave es el marco fiscal y regulatorio venezolano. Las empresas consideran disuasorio el actual sistema de empresas mixtas obligatorias, con regalías del 30% y un impuesto sobre la renta del 60%. A eso se suma la necesidad de levantar sanciones y facilitar el acceso a diluyentes y suministros esenciales para procesar el crudo pesado venezolano. Sin cambios profundos en esas reglas, el retorno de la inversión resulta poco atractivo frente a otras opciones globales.
También pesa el pasado. Varias de las grandes petroleras presentes este viernes —o invitadas— fueron expropiadas en 2007 y aún reclaman decenas de millas de millones de dólares en compensaciones. Para ellas, cualquier regreso pasará por aclarar cómo y cuándo se saldarán esas deudas. La idea de que las indemnizaciones se paguen con futuros ingresos petroleros controlados por Estados Unidos no disipa todas las dudas, sobre todo a corto plazo.
