Ecuador volvió a despertar con una noticia que se repite con inquietante frecuencia cada temporada invernal. La madrugada del 10 de marzo de 2026ONU aluvión en el cantón Zarumaen la provincia de El Oro, dejó una persona fallecida y al menos 60 familias afectadassegún informes preliminares de autoridades locales y organismos de gestión de riesgos. El evento ocurrió en la parroquia salviastras el desbordamiento de los ríos El Ojo y Azuayque arrastró lodo, piedras y escombros hacia zonas pobladas.
En paralelo, la lluvia también provocó Deslizamientos de tierra en el cantón Girón.en la provincia del Azuay, donde se registraron afectaciones en vías y viviendas.
Las imágenes que circularon en las primeras horas del día muestran calles cubiertas de barro, casas dañadas y maquinaria trabajando contrarreloj para despejar caminos. No es una escena nueva en el país. Cada invierno trae consigo historias similares: carreteras bloqueadas, comunidades aisladas, viviendas dañadas y, en los casos más graves, pérdidas humanas.
El temporal que afecta a Ecuador desde hace varias semanas ha puesto nuevamente en evidencia una realidad que el país conoce desde hace décadas: la vulnerabilidad frente a los fenómenos climáticos.
Las lluvias intensas, cada vez más frecuentes en algunos períodos del año, impactan con especial fuerza en zonas donde las condiciones geográficas, urbanísticas y sociales aumentan el riesgo.
La topografía ecuatoriana —con ciudades y poblaciones asentadas en laderas, quebradas o zonas cercanas a ríos— hace que los desbordamientos y tamaños sean fenómenos relativamente comunes. Sin embargo, que sean frecuentes no significa que deban ser inevitables.
Durante años, especialistas en gestión de riesgos han advertido sobre la necesidad de fortalecer la planificación territorial, el monitoreo de cuencas y las obras de mitigación en zonas vulnerables.
La prevención, sin embargo, sigue siendo una deuda persistente. Los desastres naturales suelen abrir un debate público que se intensifica en medio de la emergencia y se diluye con el paso de los días.
En ese intervalo se anuncian evaluaciones, planes y promesas de intervención. Pero el siguiente invierno vuelve a mostrar que muchas de esas soluciones avanzaron menos de lo esperado.
El problema tampoco es exclusivamente institucional. Existe una dimensión cotidiana del riesgo que merece también reflexión.
La acumulación de basura en quebradas y sistemas de drenaje, la ocupación informal de zonas inestables y la falta de cuidado ambiental en laderas y riberas contribuyen a agravar el impacto de las lluvias. Son prácticas aparentemente menores que, en conjunto, aumentan la vulnerabilidad de comunidades enteras.
A diferencia de otros temas que dominan el debate público, estas tragedias raramente se convierten en tendencias virales o en discusiones prolongadas. Ocurren en lo que muchos llaman el ecuador profundo: cantones pequeños, parroquias rurales o zonas periféricas donde los desastres no siempre captan la atención nacional por mucho tiempo.
Pero sus efectos son reales y persistentes. Cada carretera cerrada afecta la economía local. Cada vivienda destruida altera la vida de una familia. Cada muerte recuerda que el país sigue enfrentando los mismos desafíos frente al invierno.
Las lluvias continuarán formando parte de la realidad climática del Ecuador. La pregunta no es si volverán, sino cómo se prepara el país para convivir con ellas. Entre la emergencia y la reconstrucción, queda pendiente una tarea más compleja: reducir la vulnerabilidad antes de que el siguiente temporal vuelva a ponerla en evidencia.
