El 12 de marzo de este año en la marcha a favor de los jubilados todo fue gases lacrimógenos, palos y balas de goma. Un cartucho de gas lacrimógeno impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo. La violencia policial estaba amparada en el protocolo “antipiquetes” del Ministerio de Seguridad. Hasta ahora. Frente al reclamo de varias organizaciones, un juez argentino ha declarado nulo ese protocolo que dejó 1400 heridos en dos años del Gobierno de Javier Milei.
El juez federal Martín Cormick falló en contra de la Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad que la entonces ministra Patricia Bullrich puso en marcha en diciembre de 2023. El protocolo establece que cualquier manifestación que interrumpa el tránsito constituye un delito en flagrancia, lo que habilita a las fuerzas policiales a intervenir.
Entre los argumentos enumerados en la resolución judicial, el magistrado remarcó las garantías para la libre protesta que emanan de la Constitución. “Ningún habitante de la Nación estará obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.
En su escrito, Cormick cuestionó la definición del “impedimento al tránsito” enunciada en el manual represivo, ya que según éste cualquier acto que disminuyera el tránsito de una arteria vehicular era considerado un delito susceptible de ser sancionado. En tanto, según el juez, la protesta social implica necesariamente cierto grado de afectación a la circulación.
“El protocolo es ilegal”
El fallo de Cormick llegó tras la presentación de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras organizaciones que vienen impugnando el marco represivo del Gobierno. Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, señala a elDiario.es que el juez entendió que el Ministerio de Seguridad se excedió en sus facultades y que el protocolo no es legal. “El Ministerio sacó una resolución ilegal por fuera de sus competencias para restringir al máximo posible el derecho a la protesta. Ha sido bajo una forma muy arbitraria, pasando por encima del Congreso y del Poder Judicial, y con un objetivo político claro de mostrar que se podía contener las protestas mediante el uso del protocolo y con un amedrentamiento muy claro a quienes estaban dispuestos a salir a protestar”.
El saldo del protocolo de Bullrich, la ahora senadora del partido gobernante La Libertad Avanza, alcanza a 1.400 manifestantes heridos desde que se implementó. Según datos registrados por el CELS, se contabilizaron en estos dos años exactamente 1.399 heridos: hubo 750 en 2024 y 649 este año.
Litvachky explica cuál es el panorama que se abre con el fallo. “La nulidad del protocolo es aplicable a todo el país porque es un caso colectivo, no individual. En los términos en los que el juez está diciendo que el protocolo es ilegal y que iría en contra de la Constitución también, entendemos que por más que el Ministerio apele, el protocolo va a quedar suspendido”.
El Gobierno apelará
El Gobierno de Milei ya anunció que apelará la decisión judicial. Así lo comunicó la ministra Alejandra Monteoliva, exmano derecha de Bullrich en el Ministerio de Seguridad y su sucesora. En un mensaje difundido en la red social X, Monteoliva sostuvo que “sin protocolo no hay orden, hay caos”, y afirmó que el fallo representa un avance de sectores que, según su visión, “no quieren paz ni orden en la Argentina”.
La sentencia se conoce una semana después de que fuera confirmado el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por el grave ataque que recibió el fotógrafo Pablo Grillo en marzo de este año. En un fallo unánime, un tribunal confirmó el procesamiento del gendarme por lesiones gravísimas y por abuso de armas reiterado en otras cinco oportunidades. El caso de Grillo, joven que aún se recupera tras varias cirugías, ha sido emblemático: expuso la violencia policial en las marchas de los jubilados de cada miércoles, cuando el protocolo antipiquetes se utilizó contra jubilados, periodistas y reporteros gráficos.
