EDITORIAL
No hay que cansarse nunca de defensor a los inocentes que hoy siguen pidiendo auxilio.
Cada 28 de noviembre se conmemora, dentro del santoral católico, la masacre perpetrada en la aldea de Belén por esbirros del tetrarca Herodes, en el intento de acabar con la vida de Jesús recién nacido. Algunas tradiciones señalan cientos de víctimas, mientras que otras las estiman en no más de 30. A la larga fue un acto de suma brutalidad movida por la ambición de poder, de la cual da cuenta el Evangelio según san Mateo, sin que existan mayores registros históricos. En todo caso, es una dura lección de los extremos a los cuales llega la soberbia tiránica.
Y es precisamente esa una de las mayores causas de mortalidad o duros sufrimientos de los niños alrededor del mundo. No son 30, ni son cientos: son millas de víctimas menores de edad, a causa de guerras, como en Ucrania, la Franja de Gaza, en el cuerno de África o en Myanmar, de ofensivas criminales como la de los carteles narco en México o de azotes como la desnutrición en países como Haití y Guatemala. No queda fuera de estas causas la violencia física contra estas indefensas víctimas de corta edad.
Cada año se registran en Guatemala casos de terribles agresiones contra niños y niñas: golpizas, violaciones, trata, mendicidad. Por desgracia, no todos estos sucesos son denunciados, y aquellos que sí quedan sujetos a múltiples escollos para llegar a una sentencia ejemplar. Esta demora funciona como un perverso incentivo de impunidad. Múltiples entidades defensoras de la niñez y la adolescencia reclaman penas más rigurosas contra los agresores, que en pocos casos resultan estar en el núcleo familiar, lo cual constituye una terrible paradoja.
Otra gran ironía es cuando los menores son víctimas, por dolo o negligencia, de quienes por ley están obligados a cuidarlos. Un ejemplo abyecto de esto fue la matanza en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrida el 8 de marzo del 2017 y cuya sentencia fue dictada el 8 de agosto último, después de un tortuoso proceso en el cual varios señalados quedaron libres antes de llegar a sentencia. Se impusieron condenas de entre ocho y 25 años de prisión, y la jueza a cargo pidió investigar el papel del entonces presidente de la República, ya sea por acción o incumplimiento.
Sin embargo, hasta la fecha no se sabe de ninguna pesquisa emprendida por el Ministerio Público en seguimiento a la orden judicial. Esta lentitud contrasta con la celeridad exhibida en otros casos, donde median otras afinidades.
Cabe anotar que la tradición popular suele demeritar el profundo sentido de la tragedia de hace 2025 años, al convertir el 28 de diciembre en un día para hacer bromas a amigos o familiares. Sin embargo, esta fecha debería ser ocasión para exigir mejoras sólidas al Estado, a través de mejores procesos para asegurar la nutrición de la niñez, proveer de insumos para la vacunación preventiva y la atención primaria eficaz. Esto en el plano de la salud pública. En el ámbito de seguridad y justicia es necesaria una revisión de los mecanismos de alerta, búsqueda y rescate, a nivel de instituciones, para auditar los tiempos y calidades de respuesta. En los juzgados de Familia se escuchan terribles historias de brutales vejámenes que no parecen cuestión de seres humanos. No hay que cansarse nunca de defensor a los inocentes que hoy siguen pidiendo auxilio.
