la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Patricia Gámez, presentó dos acciones de amparo en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez por posible conflicto de intereses e imparcialidad.
«La razón de la solicitud del apartamento de estos tres magistrados obedece a la circulación pública de un oficio en donde ellos habrían externo opinión relacionada a la tramitación de dos amparos que están planteados ante la Alta Corte y que comprometen la independencia e imparcialidad que se exige de cualquier funcionario judicial que esté encargado de resolver un asunto», explicó Gámez.
También resaltó la solicitud de inhibitoria en contra de Paniagua Pérez por conflicto de interés, ya que su compañero de fórmula, Nester Vásquez, está participando en el proceso de elección que se cuestiona con las acciones de amparo.
#AhoraLH | La presidenta del CANG, Patricia Gámez, presentó ante la Corte de Constitucionalidad dos memoriales dentro de dos acciones de amparo en contra de tres magistrados de dicha corte.
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— Diario La Hora (@lahoragt) 2 de febrero de 2026
«Ella participó en las elecciones pasadas con él, sabemos que forman equipo de trabajo. Cuando yo fungí como jueza de Primera Instancia Penal en el departamento de Sacatepéquez en reiteradas ocasiones la magistrada planteó una serie de recusaciones en mi contra, pidiendo el apartamiento de mi persona, argumentando tener conflicto de interés con mi persona relacionada supuestamente en una enemistad… porque ambos participamos en el proceso de elección pasado para la CC», afirmó.
Ahora, siendo ella magistrada, pues es a la inversa, pero igual operan las causas para que ella se dude razonable y objetivamente de su imparcialidad e independencia para resolver y conocer el presente asunto, agregó la presidenta del CANG.
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Gámez indicó que apelaron a los principios éticos de imparcialidad, ecuanimidad e independencia que rigen el actuar de los funcionarios cuando actúan como abogados dentro de las causas, «como en el caso de esta Corte, que exige un mayor grado de imparcialidad para generar confianza a la opinión pública al momento de resolver y conocer las causas que son sometidas».
Además, agregó que esperan que la actuación del órgano de control constitucional que debe conocer estas se base en una adecuada interpretación de la acciones normativas, «garantizando la operatividad de los derechos que poseen los profesionales de ciencias afines para formar parte de la asamblea».
«No existe ninguna norma que limite taxativamente dicha circunstancia; por lo tanto, esperamos que en un país democrático prevalezca el derecho a elegir y que las acciones que buscan restringirlo sean completamente desestimadas», aseveró la presidenta del CANG.
