El sistema de salud colombiano llegó al cierre de 2025 y al inicio de 2026 en una coyuntura marcada por un deterioro financiero profundo, retrasos en la ejecución de recursos, aumento histórico de quejas y tutelas, y una proyección de insuficiencia presupuestal que compromete la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Así lo evidencia un informe de Así Vamos en Salud, que consolida la información más reciente disponible de los catálogos financieros de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), así como los datos presupuestales de la Dirección y las cifras de acceso y oportunidad en la atención.
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El informe advierte que la fotografía financiera del sistema es incompleta, pues la Superintendencia Nacional de Salud no ha publicado los catálogos del último cuatrimestre de 2025. Además, los informes oficiales disponibles no incluyen la información de Nueva EPS, Mutualser EPS y Pijaos EPS, lo que impide conocer el saldo de entidades que, como Nueva EPS, concentran más de 11 millones de afiliados. Aun así, los datos parciales permiten concluir que la situación es crítica.
El déficit patrimonial del sistema se situó en -15,8 billones de dólares. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Entre 2022 y 2023, el patrimonio negativo neto del sistema aumentó en más del 100%. Esa tendencia se mantuvo entre 2023 y 2024, con un incremento adicional del 93 %, hasta llegar a $ -9,7 billones de pesos, sin contar a Nueva EPS. Con esta exclusión, el informe señala que es razonable esperar que el patrimonio real negativo del sistema sea aún mayor.
El comportamiento de la pérdida operacional y del resultado del ejercicio siguió una tendencia similar. Entre 2023 y 2024, la pérdida operativa aumentó 48%, al pasar de $ -4,6 billones a $ -6,8 billones de pesos. De ese total, el 57% se concentra en el régimen contributivo. Estos resultados, nuevamente, no incluyen el catálogo financiero de Nueva EPS en la última vigencia, lo que sugiere que la magnitud real del déficit podría ser superior.
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Para la vigencia 2025, con corte a noviembre, el resultado operacional del sistema arrojó una pérdida equivalente a $ 7,3 billones de pesos. En el régimen contributivo, las pérdidas ascendieron a $ 3,7 billones, lo que representa el 51,3 % del total. En el régimen subsidiado, las pérdidas fueron de $ 1,6 billones, mientras que las entidades que operan en ambos regímenes, sin incluir Mutualser EPS, registraron pérdidas por $ 1,8 billones.
A este panorama se suma el comportamiento de la siniestralidad global, que supera el 100% en 8,6 puntos porcentuales. Es decir, por cada $100 pesos que le entraron a las EPS, estos gastaron $108.6. Según el boletín, este indicador refleja que al cierre de 2025 se agudizará la deficiencia del sistema frente a años anteriores. En ese contexto, el patrimonio negativo se sitúa en -15,8 billones de pesos, cifra que ascendería a $ -16 billones si se incluye el registro de Mutualser EPS.
Dos millones de PQRS y más de 300 mil tutelas marcan el cierre de 2025 en salud. Foto:Ronny Suárez – EL TIEMPO
El informe también advierte sobre los retrasos en la ejecución de Presupuestos Máximos, que son los recursos utilizados para el pago de tecnologías o terapias que no están cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud (PBS), como pañales o terapias de alto costo para enfermedades raras. Con corte a diciembre de 2025, la Dirección había girado o liquidado $ 2,4 billones de pesos para la financiación de los servicios y tecnologías cubiertas por este mecanismo. Sin embargo, se estima que para todo el año el presupuesto reconocido ronda los $ 4,4 billones, mientras que la apropiación presupuestal definitiva es de $ 4,2 billones. Esto significa que solo se ejecutó el 57% de los recursos disponibles en la vigencia.
De acuerdo con el boletín, este rezago en la ejecución y liquidación se tradujo en falta de oportunidad en los recursos para las EPS, lo que impactó directamente la prestación de servicios a los afiliados. El 2025, en consecuencia, quedó también marcado por la demora en la materialización de los recursos del presupuesto máximo.
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La crisis financiera también se refleja con claridad en los indicadores de acceso y oportunidad. Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) registraron un incremento sostenido. La información publicada por la Superintendencia de Salud para el mes de agosto muestra un aumento del 36,4 % frente al reporte de junio. Si se mantiene el promedio de crecimiento observado entre agosto y diciembre en los últimos ocho años, el boletín proyectado que al cierre de 2025 se habría acumulado cerca de 2’061.583 PQRS.
La situación crítica ha impactado a millas de pacientes. Foto:archivo particular
Esta cifra es cercana a la proyección presentada por la Defensoría del Pueblo el 6 de noviembre, que estimó un acumulado de 2’011.277 PQRS para diciembre. Aunque las cifras no son idénticas, ambas coinciden en que el sistema cerró 2025 con más de dos millones de quejas en salud, un volumen que evidencia la magnitud del descontento ciudadano frente a la atención.
Las tutelas en salud muestran un comportamiento similar. Con base en los informes de la Corte Constitucional hasta septiembre, el año presentó un incremento sostenido, con un pico significativo en julio, cuando se registraron 32.414 tutelas. En agosto hubo una leve disminución a 27.118, pero en septiembre la cifra volvió a aumentar hasta 30.173, muy por encima del promedio anual. De mantenerse la tendencia, el boletín proyecta que el año habría cerrado con aproximadamente 318.981 tutelas, cifra que coincide con la advertencia de la Defensoría del Pueblo, que proyectó cerca de 314.658 tutelas para diciembre.
El panorama de inicio de 2026 no resulta más talentoso. La Resolución 185905 del 31 de diciembre de 2025 aprobó la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Dirección para la vigencia fiscal de 2026 por un valor total de $ 110,7 billones de pesos. De ese monto, solo un billón fue destinado para cubrir el presupuesto máximo del régimen contributivo y subsidiado.
El boletín señala que esta cifra no guarda relación con el nivel de recursos que demanda este mecanismo, si se tiene en cuenta que en 2025 el presupuesto de gasto para este rubro ascendió a $ 4,2 billones de pesos. En consecuencia, el rubro de Presupuestos Máximos de 2026 inician el año desfinanciados.
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Por otro lado, para la UPC de 2026, el presupuesto de gasto fijado para los regímenes contributivo y subsidiado asciende a $ 99,5 billones de pesos. El incremento de la UPC para el régimen subsidiado fue del 16,49 %, mientras que para el régimen contributivo se fijó en el 9,03 %.
Sin embargo, el sector esperaba un incremento de la UPC entre el 15 % y el 17 % para 2026, sin considerar el escenario de aumento del salario mínimo que finalmente se adoptó. En el régimen contributivo, esta diferencia implica que la UPC inicia el año desfinanciada o con una insuficiencia de recursos estimada entre $ 2,7 y $ 3,1 billones de pesos.
A la fecha, el Ministerio de Salud no ha publicado el estudio técnico de cálculo de la UPC, lo que, para los expertos, genera interrogantes sobre los supuestos adoptados, especialmente frente al impacto del incremento del salario mínimo en los costos del sistema, en particular en el talento humano en salud, así como sobre el IPC considerado en la proyección. El boletín advierte que el aumento del salario mínimo genera presiones inflacionarias adicionales que afectan directamente la sostenibilidad financiera.
En este contexto, las previsiones del déficit financiero del sistema podrían incrementarse, ya que las estimaciones iniciales del sector para 2026 no contemplaron un aumento del salario mínimo del 23 %. Esto amplía el descalce entre ingresos y gastos y profundiza el riesgo de insuficiencia financiera durante el año en curso.
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Así Vamos en Salud destaca que el mayor incremento de la UPC del régimen subsidiado frente al contributivo sí responde a lo ordenado en el Auto 2049 de 2025 de la Corte Constitucional, que dispuso equiparar la prima pura del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen contributivo. Sin embargo, el informe advierte que, si la UPC del contributivo no cubre adecuadamente los costos reales de la atención, una UPC subsidiada definida como proporción de esta tampoco garantiza suficiencia financiera.
En ese sentido, el informe concluye que el seguimiento a la sostenibilidad del sistema en 2026 deberá establecer si ambas primas, definidas con incrementos diferenciales, resultan suficientes para cubrir las necesidades reales del sistema. Mientras tanto, el panorama que deja el cierre de 2025 y el inicio de 2026 es el de un sistema con patrimonio negativo histórico, pérdidas operacionales crecientes, recursos ejecutados con retraso, un volumen sin precedentes de PQRS y tutelas, y un presupuesto que arranca el año con señales claras de desfinanciación.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
