En un fallo histórico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) consideró al Estado peruano responsable de la esterilización forzada “bajo coerción” y posterior muerte de Celia Ramos Durand en 1997. En la sentencia, el organismo se refiere por primera vez a una “política estatal masiva” de “esterilizaciones forzadas” durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, reconociéndolo como una práctica de “violencia reproductiva” dirigida principalmente a mujeres vulnerables.
