Por estos días hemos seguido con mucha atención —y también con preocupación— la discusión que se ha abierto desde el Gobierno respecto al futuro del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO). Puede parecer un debate técnico o propio de especialistas, pero en realidad se trata de un tema que impacta directamente la vida cotidiana de miles de familias en nuestra ciudad de Temuco.
El precio del petróleo y sus derivados influyen en prácticamente todos los ámbitos de la economía. Cuando sube la bencina, no solo se encarece llenar el estanque del auto: también aumentan los costos del transporte, de los alimentos, de los servicios y de múltiples productos que forman parte de la vida diaria. En otras palabras, el precio del combustible termina reflejándose en el costo de la vida de cada hogar.
Por eso, ante la incertidumbre que han provocado en muchos vecinos y vecinos las declaraciones del ministro de Hacienda sobre la posible eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), es importante pedir prudencia, responsabilidad y una mirada puesta en la realidad que viven las familias.
Distintos analistas han advertido que, sin este mecanismo de estabilización, el precio de la bencina podría aumentar hasta $350 pesos por litro. Para algunos puede parecer una cifra más dentro de la discusión económica, pero para millas de trabajadores, emprendedores, transportistas y familias de clase media, ese incremento significaría un golpe directo a su presupuesto mensual.
En ciudades como Temuco, donde muchas personas dependen del automóvil para movilizarse entre sectores urbanos y rurales, o para trabajar diariamente, el impacto sería aún mayor. Pensemos en quienes conducen un taxi colectivo, en los pequeños emprendedores que distribuyen productos, en los trabajadores que deben trasladarse largas distancias o en las familias que ya hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes.
Una medida de este tipo podría terminar generando una verdadera emergencia económica silenciosa, especialmente en los sectores más vulnerables y en la clase media, que muchas veces queda fuera de los beneficios del Estado, pero es la primera en sentir el peso de las alzas de precios.
Resulta paradójico que un gobierno que llegó a La Moneda con la promesa de enfrentar las dificultades económicas de las familias hoy abra la puerta a decisiones que podrían profundizar esa misma preocupación.
No se trata de negar los desafíos fiscales ni de desconocer que las políticas públicas deben revisarse y actualizarse. Pero cuando hablamos del precio de los combustibles, hablamos también de estabilidad económica, de certeza para las familias y de condiciones mínimas para que las personas puedan planificar su vida.
Desde las regiones, y particularmente desde Temuco, esperamos que este debate se aborde con responsabilidad y con sentido de realidad. Las decisiones que se tomen en Santiago no son solo números en una planilla: tienen consecuencias concretas en la vida de millones de chilenos.
Cuidar el bolsillo de las familias no es un tema ideológico. Es, simplemente, una obligación básica de quienes ejercen responsabilidades públicas.
