Los ataques simultáneos que causaron la muerte de nueve policías, el domingo 18 de enero, marcan un punto crítico en las actividades recientes del Barrio 18.
Desde septiembre del 2025, la Subdirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC) había detectado un plan del Barrio 18 para ingresar armas a la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla.
Los investigadores identificaron que pandilleros de dicha estructura se mudaron a las colonias cercanas al penal e intentaron introducir armas y municiones para los cabecillas que fueron trasladados a Renovación 1.
El 31 de julio del 2025, las fuerzas de seguridad se trasladaron a 10 reclusos catalogados como de alta peligrosidad —cinco de la Mara Salvatrucha y cinco del Barrio 18— desde Fraijanes 2 hacia la cárcel Renovación 1, donde tendrían controles más estrictos.
No menos de 30 personas siguieron el convoy desde Fraijanes, Guatemala, hasta Escuintla. La PNC indicó que se trataba de mareros que se movilizaban en taxis piratas.
Durante los últimos cinco meses, investigadores policiales incautaron armas de fuego y municiones, y capturaron a mareros y operadores del Barrio 18. En agosto, se reportó la captura de una pareja que llevaba municiones para fusil en el baúl de un vehículo.
La policía señaló que los detenidos están bajo investigación por vínculos con María Marta Castañeda de León, compañera de Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias Lobomáximo cabecilla de esa estructura criminal.
El 6 de enero pasado, el Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario (SP) y el Ejército de Guatemala implementaron el Plan Centinela en Escuintla, ante el aumento de pandillas en ese departamento. Según trabajos de inteligencia de la PNC y del SP, las maras controlan los negocios y viviendas fuera de los centros carcelarios.
El 17 de enero, dos semanas después, Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación (Mingob), dijo que los motines registrados en tres centros, Fraijanes 2, Preventivo para Varones de la zona 18 y Renovación 1, tenían como objetivo liberar un alias Lobo.
Zonas de operación del Barrio 18
El 18 de enero se reportaron 12 ataques armados en el área metropolitana, que causaron la muerte de nueve policías.
Los atentados ocurrieron en zonas con presencia de ocho de las 37 clicas del Barrio 18: Crazy Rich, Solo Raperos, Solo Para Locos, Los Carnales, Los Crazy Gangsters, Columbia Little Saycos, Crazy Chapin y Little Sayco Criminal.
Los cabecillas de esas clicas guardan prisión en las cárceles Fraijanes 2 y Renovación 1. Ocho subcabecillas e integrantes de las clicas continúan prófugos, tras su evasión de Fraijanes 2 en octubre pasado.
Protocolos de reaccion
Edgar Morales, analista en seguridad, consideró que, con base en los antecedentes, el Mingob debía haber sido preparado para impedir que más ilícitos ingresaran a Renovación 1 y prevenir la reacción de los criminales contra la Policía y la población.
“El director de la PNC, David Custodio Boteo, tiene una amplia experiencia en el tema de las pandillas y sabe cómo podía responder ante un operativo. En ocasiones anteriores, alias ‘el Lobo’ manifestó que tenía la capacidad de responder simultáneamente a varios ataques”, comentó Morales.
Agregó que los atentados contra la Policía ocurrieron en sectores con presencia y control territorial del Barrio 18.
“Se veía venir un posible pacto entre la pandilla del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS), con el fin de contrarrestar la lucha frontal que el gobierno ha anunciado contra estas estructuras criminales”, agregó.
El analista aseguró que no existía un plan de inteligencia por parte de las autoridades para anticiparse a las reacciones de las pandillas.
Añadió que la PNC no cuenta actualmente con el equipo necesario para responder a los ataques de las clicas.
“No sirven sus armas y no tienen suficientes patrullas. Entonces, un plan para desarticular estas estructuras no puede ser improvisado”, indicó.
Se solicitó una postura al Departamento de Comunicación del Ministerio de Gobernación sobre los protocolos de seguridad para evitar motines en los centros carcelarios donde se encuentran recluidos pandilleros del Barrio 18, tomando en cuenta la alerta de fuga para liberar al cabecilla, alias “Lobo”, pero no respondieron a las interrogantes.
También se solicitó al Sistema Penitenciario su postura sobre los protocolos de seguridad que fallaron en los penales, tomando en cuenta los motines registrados en los últimos meses, pero tampoco se obtuvo respuesta.
Villeda, al ser cuestionado el pasado 18 de enero sobre posibles fallos en la inteligencia civil del Estado, respondió que esta proporciona información y escenarios anticipados, pero reconoció que “no hay inteligencia suficiente” para prever situaciones como las del fin de semana.
“Un problema que se salió de las manos del gobierno”
Morales señaló que los últimos ataques ejecutados por el Barrio 18 fueron dirigidos contra la Policía y la población, una situación que —advirtió— podría desencadenar una guerra civil, similar a la que ocurrió en El Salvador.
“Es un problema que se salió de las manos del gobierno. Esto puede convertirse en una guerra civil entre pandilleros y la Policía. Lo vimos en El Salvador”, comentó.
Añadió que la Ley Antipandillas de Guatemala tiene deficiencias y vacíos legales, y que, tras su aprobación, ningún marero ha enfrentado un proceso penal por el delito de terrorismo.
Según Morales, los reos siguen teniendo el control de los centros carcelarios. La interrogante, dijo, es qué rumbo tomarán las acciones del Barrio 18 después de los ataques a la Policía.
