El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de España y ha suspendido la vigencia y aplicación de los apartados de la ley de protección y ordenación de la costa valenciana referidos a la figura de protección de las viviendas costeras tradicionales.
El Constitucional ha admitido el recurso de inconstitucionalidad referido al artículo 17 y la disposición final primera de la norma valenciana, sobre los núcleos urbanos de especial valor etnológico, únicamente en lo que se refiere a los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales.
Además de impugnar esos dos apartados, al considerar que incumplen la normativa estatal en materia de costas, el Gobierno de España ha recurrido también la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2025, referida a Inventario de terrenos degradados incluidos en el dominio público marítimo terrestre.
Según ha informado el Tribunal en un comunicado, tras invocar el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de esos artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso (26 de febrero de 2026) para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
El Gobierno sostiene que los preceptos impugnados podrían vulnerar la normativa básica estatal
En la demanda, el Gobierno sostiene que los preceptos impugnados podrían vulnerar la normativa básica estatal, en particular, los artículos 132, 149.1.1a y 149.1.23a de la Constitución Española, así como lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley 21/1988, de Costas.
También alega que sería contrarios a los principios constitucionales de separación de poderes, de reserva de jurisdicción e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, según el comunicado del Tribunal Constitucional.
El Gobierno y la Generalitat abrieron hace meses una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre una veintena de artículos de la norma valenciana, en los que se ha llegado a un acuerdo en todo menos en lo que se refiere a los núcleos de valor etnológico, figura con la que el Consell quería proteger esas zonas para evitar los deslindes que amenazan esas construcciones.
