Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos con la promesa de expulsar del país a millones de “inmigrantes ilegales criminales”, focalizando su ofensiva en “lo peor de lo peor”, pero en el proceso arrestó, deportó e incluso mató a ciudadanos estadounidenses. Ahora que esta discrecionalidad ha generado un rechazo generalizado en la población, con el foco en la demócrata Minneapolis, el presidente ha dado un paso atrás para relajar la crispación y ha descargado responsabilidades. Greg Bovino, el polémico comandante de la Patrulla Fronteriza al frente de la operación Metro Surge en Minnesota, ya ha sido relegado del cargo, ya desde este martes ocupa su lugar Tom Homan, el llamado ‘zar de la frontera’, que se prevé que vuelva al enfoque tradicional: los arrestos selectivos de inmigrantes.
La primera acción de Homan ha sido reunirse con el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, cuya oficina ha dicho en un comunicado que ambos han coincidido en la necesidad de establecer un “diálogo continuo” para reducir la tensión. Pero la desescalada no es suficiente para las autoridades estatales, para el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ni para los manifestantes que han tomado sus calles a pesar del frío extremo. Piden el “fin de la ocupación” de los 3.000 agentes federales instalados en Minnesota desde hace dos meses.
Tras la reunión con Homan, Walz ha exigido “investigaciones imparciales sobre los tiroteos en Minneapolis que involucraron a agentes federales, una reducción rápida y significativa en el número de fuerzas federales en Minnesota, y el fin de la campaña de represalia”. Es decir, que termine el despliegue represivo y una depuración efectiva de responsabilidades, pues ninguno de los miembros del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) o de la Patrulla Fronteriza involucrados en los recientes tiroteos han sido apartados del cargo.
Más allá de Bovino, todos los responsables de la operación mantienen el apoyo del presidente Donald Trump, incluida la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Saliendo de la Casa Blanca en dirección a Iowa para dar un discurso, el presidente ha dicho este martes que “no” planea despedir a Noem, a pesar de las críticas que ha recibido, también de representantes republicanos, por su caótica y trágica gestión en Minnesota. En un comunicado, los tres principales legisladores demócratas en la Cámara de Representantes han anunciado que pretenden iniciar un proceso de impeachment (juicio político) la próxima semana, para el que necesitarían el apoyo de los republicanos porque son minoritarios.
La rendición de cuentas, que no llega de la Casa Blanca, sí podría venir de la justicia estadounidense. El principal juez federal de Minnesota, Patrick Schiltz, ha citado esta mañana al director en funciones del ICE, Todd Lyons, para que compare esta semana ante el tribunal y explique por qué ha desobedecido las múltiples órdenes judiciales derivadas de la ofensiva migratoria en el estado. El magistrado lo ha amenazado con procesarlo por desacato si se niega a comparar para argumentar por qué sus agentes han negado a ciudadanos e inmigrantes sus derechos procesales.
Un juez federal de Minnesota ordena al jefe en funciones del ICE comparecer ante el tribunal y lo amenaza por desacato
Schiltz ha reconocido que ordenar testificar al director de una agencia federal es “una medida extraordinaria”, pero es necesario porque “la magnitud de las violaciones de las órdenes judiciales por parte del ICE es igualmente extraordinaria, y se han intentado otras medidas más leves para corregirlo, sin resultado”. “La paciencia del tribunal se ha agotado”, sentencia el juez en su escrito, expresando su frustración.
Desde el comienzo de la operación Metro Surge, hace dos meses, los tribunales estatales se han visto saturados de demandas de detenidos por la policía migratoria que argumentan que sus arrestos son ilegales, así como de fiscales federales contra manifestantes, a los que definen como “agitadores”. La acción de la justicia tomará tiempo en estos casos individuales, pero hay otro proceso que abarca toda la operación: la denuncia del Estado de Minnesota contra el despliegue de los 3.000 agentes, en la que alega que el gobierno federal ha violado la Décima Enmienda de la Constitución al entrometerse en competencias estatales.
La Casa Blanca rebajó el lunes el tono y prometió investigar los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti, después de que varios altos cargos justificaron su muerte al describirlos como “terroristas domésticos”. El presidente Trump ha dicho este martes que su equipo está “analizando” la situación, pero ha descartado que el asesinado fuera un “asesino”, como alegó su gobierno. Por primera vez, ha expresado compasión con la familia de Pretti: “Amo a todo el mundo. Amo a toda nuestra gente. Amo a su familia. Y es una situación muy triste”.
Trump rebaja la retórica de la Casa Blanca sobre Alex Pretti, víctima del tiroteo, y afirma que no cree que fuera un “asesino”
Pese a la desescalada, la Administración sigue defendiendo que la violencia ha sido culpa de la poca colaboración del gobernador Walz y el alcalde Frey con el ICE y la Patrulla Fronteriza, y en este contexto celebra que ambos hayan accedido a reunirse con Homan.
La fiscal general, Pam Bondi, anunció el sábado, en una carta a las autoridades estatales, sus condiciones si quieren que se reduzca considerablemente del número de agentes: deberán terminar con las llamadas políticas “santuario” y colaborar activamente con las agencias migratorias; dar acceso al gobierno federal a las prisiones del estado, y entregar datos del censo de votantes, incluidos números de licencias de conducir y de la Seguridad Social.
La respuesta del secretario del Estado de Minnesota, Steve Simon, fue un rechazo contundente a esta oferta envenenada: “Es profundamente preocupante que la fiscal general se convierta en esta solicitud ilegal en parte de un aparente rescate para pagar la paz y seguridad de nuestro estado”. Por su parte, el fiscal general de Minnesota, el demócrata Keith Ellison, ha denunciado que esta oferta forma parte de una campaña de chantaje e intimidación: “El poder lo tienen los estados, pero Trump está diciendo: ‘No, no lo tienen mientras yo sea presidente. Los aplastaremos. Mataremos a su gente. Les lanzaremos gas pimienta. Invadiremos su ciudad. Aterrorizaremos a todos. Mataremos a ciudadanos'”.
