Construyendo ideas
Hay un pilar que no puede descuidarse: las juntas electorales.
El próximo proceso electoral en Guatemala no solo pondrá a prueba a los partidos políticos oa los candidatos. Pondrá, sobre todo, a prueba al nuevo Tribunal Supremo Electoral. Y no en condiciones normales, sino bajo un marco normativo que le otorga más poder que antes, pero también lo exponen a mayores riesgos.
Hoy, el nuevo TSE tiene en sus manos algo más importante que la correcta aplicación de las normas.
Las recientes reformas a los reglamentos electorales responden a una realidad innegable: un sistema que debe adaptarse a lo digital, a la fiscalización del financiamiento y fenómenos como la desinformación. En esa lógica, hay avances importantes. Se fortalece el control del financiamiento político, se incorporan mecanismos de fiscalización más robustos y se amplía la capacidad del Tribunal para regular la propaganda, incluso en redes sociales.
Pero el desafío de fondo no es solo técnico. Es, ante todo, un desafío de confianza.
Hoy, el nuevo TSE tiene en sus manos algo más importante que la correcta aplicación de normas: tiene la oportunidad, y la enorme responsabilidad, de recuperar la confianza ciudadana en el proceso electoral. No es un tema menor ni accesorio. Es la base misma de la democracia. Sin confianza, no hay legitimidad. Y sin legitimidad, cualquier resultado, por correcto que sea, será cuestionado.
En un país marcado por la desconfianza institucional, esta tarea exige mucho más que cumplir la ley. Exige actuar con independencia, con coherencia y, sobre todo, con prudencia. Cada decisión del Tribunal, por técnica que parezca, tendrá un impacto político en la percepción ciudadana.
En ese esfuerzo, hay un pilar que no puede descuidarse: las juntas electorales. Son ellas, en la práctica, la verdadera garantía del voto. Representan el rostro territorial del sistema electoral y sostienen la credibilidad del proceso en cada mesa, en cada acta, en cada decisión. Fortalecerlas, capacitarlas y proteger su independencia no es un detalle operativo: es una condición esencial para sostener la confianza en los resultados.
Sin embargo, también existen riesgos que no pueden ignorarse.
Hoy, muchas decisiones clave quedan “a criterio del Tribunal”: desde la modalidad del voto en el extranjero hasta la regulación de medios y la interpretación de conductas sancionables. Este margen de acción, aunque necesario en lo operativo, abre la puerta a cuestionamientos sobre arbitrariedad.
Pero hay un punto particularmente delicado. El nuevo reglamento le da calidad de resolución judicial a un acto administrativo, creando un vacío mientras vence el plazo de impugnación. No se debe confundir la actuación de una entidad administrativa con una resolución judicial.
Ese vacío no es menor. En ese período, en el que una decisión aún no esté firme, podría generarse un terreno gris donde se habiliten acciones con efectos políticos profundos. Incluso podría interpretarse que, en ese lapso, se puedan promover medidas como órdenes de aprehensión contra adversarios incómodos, basadas en actos que aún están sujetos a revisión.
Ese tipo de escenarios no solo es jurídicamente cuestionable, sino políticamente peligroso. Guatemala ya ha vivido suficiente tensión institucional como para abrir nuevas puertas a interpretaciones que puedan prestarse a abusos.
No se debe abrir la puerta a aquello que tanto se ha criticado del actuar del Ministerio Público: el uso de herramientas legales con efectos políticos. El Tribunal Supremo Electoral está llamado a ser árbitro, no protagonista.
El reto del nuevo TSE es claro: ejercer el poder sin excederse, aplicar la norma sin distorsionarla y, sobre todo, reconstruir la confianza sin ponerla en riesgo.
Porque al final, no se trata solo de organizar elecciones. Se trata de algo más profundo: que los ciudadanos vuelvan a creer. Que crean en el proceso, en las reglas y en el resultado. Porque sin esa confianza, no hay democracia que resista.
