El PP, encabezado por su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, logró ayer la victoria en las elecciones de Castilla y León, la comunidad autonómica española de mayor superficie, al obtener el 35,5% de los votos, cuatro puntos más que en el 2022, y 33 procuradores, dos más de los que tenía hasta ahora. El PSOE experimentó también un ascenso al pasar de 28 a 30 escaños, aunque solamente incrementó su voto en algo menos del 1%. Y Vox también avanzó, pero en menor medida de lo previsto por las encuestas. Pasó de los 13 procuradores que obtuvieron en el 2022 a 14, acercándose al 19% del voto. El PP le seguirá necesitando para formar gobierno, aunque el contenido avance de los ultras permite interpretar que podrían haber tocado techo en Castilla y León, al menos de momento.
Entre las formaciones menores quizás lo más relevante sea que Unión del Pueblo Leonés, que propone la escisión de León, Salamanca y Zamora de la comunidad de Castilla y León, pierde votos, pero aún conserva los tres diputados; que Soria ¡Ya! baja de tres a uno, y que Por Ávila mantiene el suyo. Asimismo, es relevante que las formaciones a la izquierda del PSOE de implantación nacional se quedan fuera de las Cortes con sede en Valladolid.
El PSOE suma otros dos diputados, mientras las fuerzas a su izquierda se quedan sin escaños
Si abrimos foco y analizamos el resultado de anoche en el marco del ciclo electoral autonómico impulsado por Génova
–especialmente en Extremadura y Aragón, y en otra medida en Castilla y León–, la conclusión no es muy satisfactoria para ninguno de los dos grandes partidos, pese a sus progresos de ayer. Es cierto que el PP ha vencido en las tres contiendas. Pero también lo es que las suyas han sido victorias poco contundentes: en Extremadura ganó un diputado, en Aragón cedió dos y solo en Castilla y León ha obtenido un mejor resultado. Además, en lo relativo a su plan para no depender de Vox, el tiro le ha salido por la culata en las tres comunidades.
El PSOE, por su parte, vio menguar sus apoyos en Extremadura y en Aragón, como pretendía el PP. Pero también es verdad, por si eso pudiera ser un consuelo, que sus resultados han ido de menos a más: perdió diez escaños en la Asamblea extremeña, cinco en las Cortes de Aragón (allí, además, representado por una candidata procedente del Gobierno de Pedro Sánchez) y ha ganado dos en las Cortes castellanoleonesas. Esto último quizás se deba en parte al perfil del candidato socialista, Carlos Martínez, alcalde de Soria desde el 2007, cargo en el que, no obstante su juventud –tiene ahora 52 años–, ha encadenado ya cuatro mayorías absolutas.
Los ultras, a los que los sondeos vaticinaban un gran avance, ven frenada su carrera al alza.
Dicho lo cual, el salto hacia delante de estas tres elecciones, en su conjunto, lo ha dado Vox, que ahora tendrá en Castilla y León algo más de fuerza, aunque en comparación con las otras dos elecciones anteriores –donde dobló su representación– su avance ha perdido impulso . Tras otra campaña maratoniana de Santiago Abascal, que ha dado mítines en 63 localidades y ha asumido mayor protagonismo que su propio candidato autonómico, Carlos Pollán, los ultraderechistas han logrado seguir siendo tan necesarios para el PP como antes de las elecciones. Como también ocurrió en Extremadura y en Aragón. Exactamente lo contrario, según se apuntaba más arriba, de lo que pretendían los conservadores al convocar estas tres elecciones. Veremos si a partir de ahora Vox, que hasta la fecha se ha negado a prestar un apoyo incondicional al PP, para marcar perfil y fortalecer sus opciones en los sucesivos comicios, paralizando por ejemplo la investidura de María Guardiola como presidenta extremeña, decide atenuar por fin su estrategia de bloqueo. En cualquier caso, llega la hora de las negociaciones.
Queda por delante una cuarta cita electoral, la que completará el ciclo, previsto para junio en Andalucía. Allí el resultado del enfrentamiento entre PP y PSOE tendrá acaso mayor proyección nacional. Tanto porque Andalucía es la comunidad más poblada de España, con 8,9 millones de habitantes, y la segunda más extensa (solo por detrás de Castilla y León), como porque los socialistas tuvieron ahí un feudo inexpugnable durante casi cuatro decenios, hasta que en el 2019 subió al poder un gobierno popular. Y, no menos significativo, porque los candidatos en liza el próximo junio serán dos pesos pesados: el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, de posición ascendente en el seno del PP, y María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda. Esa doble notoriedad convertirá su choque en algo semejante a la antesala del que enfrentará el año que viene, si no se adelantan las generales, a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en su lucha por la presidencia del Gobierno.
