El deterioro de las finanzas públicas ha generado la preocupación del Consejo Fiscal y de varios analistas. Recientemente, el economista Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), afirmó a Perú21 que uno de los riesgos que enfrenta la economía peruana en la segunda parte del año es el manejo fiscal.
Sostuvo que una encuesta del IPE dio cuenta de que dos de cada tres economistas dudan de que el próximo gobierno pueda cumplir con los límites de déficit y gasto para este año, así como con las promesas de campaña, a no ser que esté dispuesto a poner en grave peligro la estabilidad macroeconómica, pilar que ha sido fundamental para el crecimiento y progreso económico del país.
“El siguiente gobierno va a encontrar que cumplir con la meta de déficit de 1.8% del PBI es tremendamente retador si no imposible dada la trayectoria del gasto”, dijo a este diario Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal.
Ministra permisiva
Ayer, la ministra de Economía, Denisse Miralles, adelantó que el premier Ernesto Álvarez anunciará esta semana qué norma aprobada por el Congreso será demandada ante el Tribunal Constitucional (TC). La medida responde a que el Legislativo vulneró las disposiciones de disciplina presupuestaria establecidas por la Constitución al ejercer iniciativa de gasto, omitiendo además el financiamiento para hacer viables dichas leyes.
Sin embargo, Miralles matizó su postura al mostrarse permisiva con los congresistas. En entrevista con RPP, aseguró que el Ejecutivo evalúa otras leyes, también aprobadas de forma inconstitucional, cuyos beneficios son exigidos por organizaciones sindicales, con el fin de proponer una aplicación gradual para reducir su impacto.
Para el Consejo Fiscal, la postura del Ministerio de Economía (MEF) es la causa de que, por tercer año consecutivo, se hayan incumplido las normas de disciplina presupuestaria. De acuerdo con el colegiado, durante la administración de Jerí se promulgaron, sin observación alguna y en menos de cuatro meses, 26 nuevas leyes con un impacto fiscal adverso.
Lo peor, según el propio presidente del Consejo Fiscal, es que el MEF tenía a su favor que el TC ya había declarado inconstitucional el traslado de trabajadores del régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) al régimen laboral de la actividad privada, objetivo central de varios de los proyectos aprobados.
Así, ante las obligaciones asumidas por este gobierno, Segura aseveró que será imposible cumplir con cualquier norma de disciplina presupuestaria futura. Detalló que para este año se tienen compromisos de incrementos salariales por cerca de S/7,800 millones, cuando el espacio fiscal previsto por el propio MEF para este propósito es de apenas S/2,100 millones.
“Ojalá sea cierto que llevarán alguna ley al TC. Podría incluir una serie de normas en esa demanda. Sin embargo, también es complicado, porque si el Ejecutivo no las supervisará, la presunción del Tribunal será que el Ejecutivo estaba de acuerdo. Entonces, todo lo que están promulgando y dejando pasar traerá cola”, afirmó Segura.
Acciones urgentes
El presidente del Consejo Fiscal manifestó que se requieren acciones urgentes e inmediatas para frenar el deterioro de las finanzas públicas. Argumentó que, si bien el discurso sobre un acuerdo fiscal con compromiso presidencial es positivo, han transcurrido dos meses sin que el Gobierno ejecute acciones concretas.
“Se está continuando con esta laxitud en materia de política fiscal”, señaló.
Segura criticó que, en la situación actual, el Ejecutivo venga discutiendo una nueva ley de industrias plagada de exoneraciones tributarias que costarán más de S/5,000 millones al año, con el fin de elaborar un proyecto de ley y enviarlo al Congreso.
“Según entiendo, el Ejecutivo quiere llevar esta iniciativa al Consejo de Ministros. Esto es preocupante porque le están dejando una carga muy pesada a los peruanos. Será muy complicado que cualquier gobierno futuro pueda retomar una trayectoria fiscal razonable y, sobre todo, sostenible”, comentó.
Preocupación por el manejo de contratos.
Alonso Segura expresó a título personal su preocupación por la forma en que el Estado viene manejando los compromisos de inversión en infraestructura, en particular los proyectos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno y las Asociaciones Públicas Privadas (APP).
Señaló que existen múltiples contratos y ofrecimientos que implican gasto estatal sin que se cuente con información oportuna, marcos presupuestales claros de corto plazo ni criterios consistentes para definir qué proyectos van por cada modalidad.
Indicó que el problema no se limita al Gobierno a Gobierno, sino a una falta de políticas claras y estables, lo que genera decisiones cambiantes y poco ordenadas.
Asimismo, cuestionó la escasa transparencia sobre las razones y la base legal para la rescisión unilateral de contratos, advirtiendo que el Estado ha venido perdiendo arbitrajes por actuaciones imprudentes.
Segura alertó que estas decisiones pueden generar contingencias significativas y afectar la sostenibilidad fiscal, por lo que demostró indispensable ordenar la cartera de proyectos, transparentar compromisos y definir criterios claros que minimicen los riesgos legales y fiscales.
Datos
El Consejo Fiscal sostuvo que, si bien se habría cumplido la regla del déficit fiscal en 2025, se habrían vulnerado tanto la regla del gasto no financiero como la del gasto corriente.
Desde la introducción del esquema de reglas fiscales a inicios de la década de 2000, no se habían registrado tres años consecutivos de incumplimiento conjunto de las reglas fiscales (2023, 2024 y 2025).
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