Este jueves 1 de enero entró en vigor el veto israelí a 37 ONG internacionales que operan en Gaza y en Cisjordania ocupadas, cuyos trabajadores extranjeros deberán salir de la Franja palestina antes del 1 de marzo, período que el Gobierno israelí les da para completar el cese de sus actividades.
El Ejecutivo israelí anunció esta semana la retirada de las licencias a estas organizaciones afirmando que no habían completado un proceso de registro que fue aprobado en marzo de 2025 y fue ampliamente criticado por las oenegés.
Dicho proceso, para el que Israel alegaba “razones de seguridad” de cara a detectar “terroristas”, comprende entre otras cosas la obligación de las organizaciones de dar al Gobierno israelí información sensible como los nombres de todos sus empleados.
37 ONG de 16 países
En total, hay 37 ONG afectadas de 16 países como España, Holanda, Japón, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, y entre ellas figuran algunas de renombre como Médicos Sin Fronteras (MSF), Acción contra el Hambre, OXFAM, Cáritas o Movimiento por la Paz.
Israel es el país bajo el paraguas del cual operan estas ONG en los territorios palestinos, ya que el Gobierno israelí es el que otorga los visados a sus trabajadores y controla todos los accesos tanto a Gaza como a Cisjordania.
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Las organizaciones ya han alertado sobre las consecuencias “catastróficas” que su suspensión tendrá sobre la población gazatí: dos millones de personas de las que una mayoría viven a día de hoy en tiendas de campaña por la brutal ofensiva israelí de dos años en Gaza, que ha dejado alrededor del 80% de su infraestructura dañada o totalmente destruida.
MSF, a la que Israel acusa de tener a “terroristas” entre sus trabajadores, negoció que fuera así y advirtió de que el cierre de las ONG dejará a cientos de millas de personas sin atención sanitaria y sin servicios esenciales.
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“Nunca contrataríamos a sabiendas a personas que participen en actividades militares. Hacer públicamente tales afirmaciones sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario y socava el trabajo médico crítico que se hace”, denunció la coordinadora de emergencias de MSF para Gaza, Claire San Filippo.
En cuanto a Cáritas Jerusalén, el Patriarcado Latino de la ciudad santa afirmó que continuará operando en los territorios palestinos porque se trata de una persona jurídica reconocida por Israel en un acuerdo con la Santa Sede.
Consecuencias “catastróficas”
Las agencias de la ONU y varias ONG internacionales denunciaron que las consecuencias de la retirada de licencias serán “catastróficas” para la población de Gaza.
Según indicaron, estas organizaciones gestionan o apoyan la mayoría de los hospitales de campaña, los centros de atención primaria, las respuestas de refugio de emergencia, los servicios de agua y saneamiento, los centros de estabilización nutricional para niños con desnutrición aguda y las actividades críticas de desminado.
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A modo de ejemplo, explicaron que los cinco centros de estabilización para niños con desnutrición aguda grave cuentan con el apoyo de ONG internacionales, lo que representa el 100% de la capacidad de hospitalización para tratar a niños con desnutrición que pone en peligro su vida en Gaza.
El Gobierno israelí por su parte afirmó que la ayuda humanitaria comenzará a través de la ONU, gobiernos donantes, el sector privado y más de 20 oenegés internacionales que completarán el nuevo proceso de registro.
ONU: unas suspensiones “intolerables”
La decisión de Israel ha sido ampliamente criticada tanto por organizaciones internacionales, como por diferentes países y por las autoridades palestinas.
La Unión Europea condenó la medida en boca de su comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, quien criticó la nueva normativa sobre su registro e instó a Israel a que levante las barreras a la entrada de ayuda en Gaza.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, calificó de “intolerable” las suspensiones, que demostró “arbitrarias” y que “empeoran una situación ya intolerable para la gente de Gaza”.
El grupo islamista Hamás, que gobierna en la parte de Gaza no ocupada por Israel (menos de la mitad) la calificó de un “flagrante desprecio a la comunidad internacional y al sistema de trabajo humanitario” y la Autoridad Palestina, que gobierna en las zonas de Cisjordania no controladas por el Gobierno israelí, destacó que Israel “no quiere testigos de sus crímenes”.
Un grupo de diez países -Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y el Reino Unido- expresaron tras el anuncio su “grave preocupación por el nuevo deterioro de la situación humanitaria en Gaza, que sigue siendo catastrófica”.
Y destacaron que uno de cada tres centros sanitarios en Gaza cerrará si se detuvieron las operaciones de esas organizaciones.
