Un artículo académico publicado recientemente en Health Economics Review, revista internacional de alta calidad que cubre todos los campos de la economía de la salud, cuestionó de manera directa la decisión del Ministerio de Salud de incrementar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025 apenas en 5,36%, un valor prácticamente equivalente a la inflación. El texto advierte que ese ajuste ignora factores estructurales que presionan el gasto en salud y pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema y la garantía del derecho a la salud para cerca de 50 millones de personas en Colombia.
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La publicación se conoció pocas semanas después de que un artículo periodístico en la revista científica de medicina British Medical Journal también cuestionó la política de salud del Gobierno, lo que reforzó la idea de que las alertas sobre el rumbo de la financiación del sistema no provienen sólo del debate político o mediático, sino también de la academia científica internacional.
Uno de los autores del artículo del Health Economics Review es Paul Rodríguez-Lesmes, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, consultor regular del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, doctor en Economía por University College London y especialista en economía de la salud y desarrollo.
En entrevista con EL TIEMPO, el economista explica las razones técnicas por las que él, junto a otros expertos analizaron que era insuficiente el aumento de la UPC y sostiene que, aunque la decisión es política —como ocurre con el salario mínimo—, debería estar respaldada por cálculos técnicos sólidos. También plantea los riesgos de mantener el rumbo actual y los dilemas que deberá enfrentar el próximo gobierno para evitar un deterioro mayor del sistema de salud.
Paul Rodríguez-Lesmes, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Foto:Universidad del Rosario.
¿Por qué decidió escribir este artículo y publicarlo en esta revista?
El trasfondo es que esta no es una discusión nueva. Óscar Espinosa y Sergio Prada, coautores del artículo, venían trabajando desde hace tiempo en los cálculos de la UPC y, en general, en cómo se ajusta el riesgo en el sistema de salud. La discusión histórica no solo ha sido si la UPC es suficiente o no, sino si la forma en que se calcula es la adecuada. Hoy se ajusta por variables como edad, sexo o lugar de residencia, pero en otros contextos se usan muchas más características para que lo que se transfiere sea consistente con lo que realmente se va a gastar.
Cuando en 2024 y 2025 ocurre la discusión sobre la UPC, hay una gran sorpresa: el mismo estudio que el Ministerio venía realizando desde hace 30 años, de un momento a otro deja de servir. Pasar de eso a decir que lo mejor era subir la UPC solo por inflación fue una ruptura muy grande frente a la tradición técnica. Esa fue la razón que nos llevó a escribir este comentario académico.
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El Ministerio de Ciencia dijo que lo publicado por ustedes es una opinión y no un estudio válido. ¿Qué responde a eso?
Es una opinión técnica, y esa es la diferencia. No es un estudio actuarial con métodos y resultados propios, pero tampoco es una simple nota editorial. Es un comentario académico que se somete a revisión por pares independientes, que evalúan los argumentos y piden matices o contrastes. Entonces sí, es una opinión, pero es una opinión técnica validada en una revista académica especializada en análisis técnicos.
La crisis del sistema de salud se debe, en gran medida, a la falta de recursos. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
En términos generales, ¿qué encontraron al desarrollar este texto?
Encontramos una ruptura grande en la forma en que se calcula el aumento de la UPC. No hay argumentos fuertes que justifiquen un cambio tan drástico de metodología de un momento a otro. Todo indica que el incremento definido probablemente no es suficiente. Analizamos los argumentos del Ministerio, como la supuesta invalidez de los datos, pero eran los mismos datos que se habían usado siempre. Por eso sugerimos que se trata más de una decisión política que técnica, aunque eso no se pueda probar de manera directa.
¿Por qué dicen que el aumento de la UPC no ha sido correcto?
El punto central es que los datos usados para hacer el cálculo de suficiencia eran los mismos de siempre. Con esos datos, el aumento debió haber sido mayor que la inflación. De hecho, meses después la Corte Constitucional terminó diciendo algo muy similar: que la UPC no era suficiente y que debía hacerse un ajuste actuarial. Aquí se impuso un valor que está lejos de tener el mismo sustento técnico que los cálculos anteriores.
El Gobierno ha descalificado el artículo y ha dicho que la crisis viene de décadas atrás. ¿Qué tanto de eso es cierto?
Esa ha sido la posición del Gobierno, no solo frente a nuestro artículo, sino en general. Defienden un aumento de la UPC muy por debajo de los cálculos actuariales. Nosotros nos basamos en la parte técnica habitual y en informes generales. El Gobierno argumenta que no se puede confiar en los datos de las EPS, que hay corrupción, pero no ha presentado una prueba actuarial sólida que demuestre que la UPC sí es suficiente. Lo que defendemos es que el cálculo debería hacerse como siempre, para garantizar que el dinero alcance y evitar lo que estamos viendo hoy: falta de recursos para pagar a los prestadores y deterioro de la calidad.
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Ustedes dicen que el aumento de la UPC es una decisión política y no técnica. ¿Por qué?
Esto se parece mucho a la discusión del salario mínimo. Es una decisión política porque la toma del Ejecutivo, pero normalmente debe tener un sustento técnico. Cuando ese sustento no existe o no se presenta de manera clara, la decisión queda dominada por un componente subjetivo. En ese sentido, termina siendo más ideológica —sobre quién controla los recursos— que basada en un estudio técnico-científico de cuánto debía subir realmente la UPC.
El Ministerio de Salud ha cuestionado ampliamente el texto. Foto:
Pensando en el próximo gobierno, ¿qué decisiones urgentes habría que tomar?
Hay dos puntos centrales. El primero es resolver el problema inmediato de financiamiento: hay billones en deudas con los prestadores que están deteriorando el servicio. Pero antes de pagar, se necesitan garantías y confianza. Hoy los prestadores ofrecen servicios más básicos porque no creen que les vayan a pagar. Se necesita una señal clara del gobierno que llegue sobre cómo se van a manejar esas deudas y la financiación futura.
El segundo punto es que sí se necesita algún tipo de reforma al sistema. La promesa de que todo se paga, que se hizo alrededor de 2015, es insostenible. El país no tiene la capacidad de absorber todo ese gasto. Contenerlo “a la brava”, como ahora, solo traslada el problema.
¿Eso implica limitar el plan de beneficios en salud?
Muy seguramente. Y el cómo hacerlo ya está inventado. Hay estudios serios de costo-efectividad y el país tiene una entidad técnica para eso, el IETS. La legitimidad de priorizar qué se financia y qué no la dan esos estudios técnicos. Si el próximo gobierno aprovecha esa capacidad, se podría contener el gasto sin hacerlo de forma abrupta y dañina para la salud de las personas.
Finalmente, ¿qué tan lejos estamos de un colapso del sistema?
El colapso es lento y no necesariamente total. Lo que ocurre es que la calidad va decayendo: tiempos de espera más largos, dificultades para acceder a medicamentos y especialistas. Al final, los hogares terminarán gastando más de su bolsillo. Ese es el riesgo: que el sistema público se deteriore y surja un mercado privado para quienes pueden pagar. Si no hay un cambio de dirección, ese es el escenario a largo plazo, y mientras tantas vidas quedan en el camino.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
