El violento operativo registrado en la mega toma de San Antonio, que dejó a dos carabineros heridos a bala, volvió a poner en el centro del debate el manejo del Estado frente a los campamentos, el déficit habitacional y la posible infiltración de crimen organizado en este tipo de asentamientos.
Se trata de una de las tomas más grandes del país, originada entre 2017 y 2018, que hoy alberga a más de 4.000 familias y cuenta con orden judicial de desalojo. Para el arquitecto y decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, Ricardo Abuauad, el caso refleja una acumulación de omisiones institucionales que derivaron en un escenario crítico.
“Estamos hablando de una toma que se consolida porque no hay intervención ni acción del Estado en sus primeras etapas. Eso permite que crezca, que se estructure y que comiencen a aparecer prácticas como el lote irregular”, explica.
Violencia y sospechas de mafias
Los enfrentamientos armados con Carabineros marcaron un punto de inflexión. Para Abuauad, estos hechos confirman alertas previas sobre la composición interna del asentamiento.
“Había sospechas de loteos brujos y de mafias detrás. Cuando vemos enfrentamientos con armas de fuego, la situación salta a la vista y deja de ser solo un problema habitacional”, advierte.
En ese sentido, el académico plantea que uno de los mayores riesgos es que la violencia escala aún más. “El punto crítico es que se produce una tragedia mayor, un herido grave o incluso un muerto civil, porque eso podría ser utilizado para desacreditar cualquier intento de desalojo o control”, señala.
Expropiación y señales “equivocadas”
Uno de los aspectos más polémicos del caso ha sido la posibilidad de expropiar parte del terreno para desarrollar soluciones habitacionales. A juicio de Abuauad, esta alternativa envía una señal peligrosa.
“Si el Estado expropia para resolver la situación de personas que decidieron saltarse la fila, cuando hay millas que esperan respetando las reglas, la señal es clarísima, pero en el sentido equivocado”, afirma.
El arquitecto subraya que el problema no es ayudar a quienes enfrentan una crisis habitacional, sino el camino elegido. “Cualquier señal que indique que hay un atajo por fuera de la ley para obtener una vivienda es una invitación a que otros hagan lo mismo”, advierte.
Respeto irrestricto a la ley y planificación de largo plazo
Desde un punto de vista técnico, Abuauad sostiene que la única vía sostenible es el respeto irrestricto a la ley, acompañado de políticas claras y consistentes.
“Hay derechos y deberes. Si no tengo capacidad de comprar una vivienda, el camino es postular a subsidios, seguir un procedimiento conocido por todos. Tomarse un terreno no puede transformarse en un mecanismo válido”, plantea.
A su juicio, el Estado debería contar con protocolos claros: prevención temprana de tomas, estrategias de desalojo planificadas y políticas habitacionales de largo plazo. “No se puede improvisar en los últimos meses de un gobierno. Esto requiere un plan consistente durante todo el período”, recalca.
Déficit habitacional y desconfianza ciudadana
Abuauad reconoce que el fenómeno de las tomas no es exclusivo del actual gobierno y responde a factores estructurales como la alza del suelo, la migración y los efectos del estallido social y la pandemia. Sin embargo, cuestiona la falta de transparencia en la gestión del déficit habitacional.
“No hay claridad sobre cuántos recursos del presupuesto están comprometidos en pagar deudas de arrastre ni cuántas viviendas efectivamente se van a construir”, señala.
Finalmente, advierte que, mientras no exista información clara y señales coherentes, el riesgo es profundizar el problema. “La señal que hoy se está mandando es ‘sáltese la fila’, y eso termina agravando una crisis que ya es estructural”, concluye.
