Ampliar la infraestructura carcelaria es una necesidad que se plantea en cada gobierno. Sin embargo, han pasado 16 años desde que se construyó la última prisiónFraijanes II, la cual no resolvió el problema del hacinamiento ni la falta de control sobre la población reclusa. Extorsiones, asesinatos y otros crímenes, como los ataques contra policías con saldo de nueve víctimas, se siguen coordinando desde las prisiones.
La Dirección General del Sistema Penitenciario registra 24 centros de detención activos en todo el país. El informe Importancia de la Infraestructura Penitenciaria para la Seguridad Ciudadana, publicado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) en el 2022, señala que el país tiene la mayor tasa de ocupación penitenciaria en la región: 143 privados de libertad por cada 100 mil habitantes.
De 2014 al 2022, mientras que, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá se habilitaron más de 43 mil nuevos espacios penitenciarios, en Guatemala la infraestructura carcelaria se mantuvo sin cambios. Durante el estudio, había más de 24 mil reclusos en los 22 centros activos, con capacidad para cerca de 7 mil, lo que representa un hacinamiento del 363% y un ritmo de incremento del 9% anual en la población privada de libertad.
Al momento de publicarse el informe, se indicaba que aproximadamente 800 personas debían estar recluidas en centros de máxima seguridad; Sin embargo, no se contaba con un espacio con las características apropiadas para perfiles de alta peligrosidad.
Corinne Dedick, analista en temas de seguridad y penitenciarios del CIEN, señala que la infraestructura carcelaria ha pasado por remodelaciones y ampliaciones de módulos que no han resuelto el hacinamiento en las prisiones.
“Definitivamente, faltan espacios carcelarios, especialmente para cumplir condena, pero sobre todo ahora, con la necesidad que tenemos de frenar la delincuencia desde adentro de la cárcel, es urgente contar con espacios de máxima seguridad”, agrega.
Pero en el país ningún centro carcelario cumple con los estándares necesarios para resguardar a reos de alta peligrosidad, Según Dedick. Más bien se ha optado por remodelar centros ya existentes para ajustarlos a espacios de máxima seguridad; fue lo que se hizo con Matamoros y con Renovación 1.
Sin resultados
Desde el 2009 no se han construido nuevas cárceles en el país. En ese año se inauguró el centro carcelario de máxima seguridad Fraijanes II, durante la administración de Álvaro Colomque un año después fue tomado por reclusos, quienes causaron daños severos a las instalaciones.
En el gobierno de Otto Pérez Molina se habló de una nueva prisión cercana a la Granja Penal Canadá, en Escuintla. Se colocarían 24 módulos prefabricados para trasladar a 3 mil 400 privados de libertad. Ese fue un proyecto fallido.
Llegó Jimmy Morales al poder (2016-2020), sin promesas ni proyectos de ampliar la infraestructura carcelaria, pese a que recibió cárceles con 18 mil 700 reclusos, cifras que mostraron un hacinamiento del 280%según informe del CIEN.
Durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024) se anunció la construcción de cuatro centros carcelarios para reducir el hacinamiento en las prisiones. Estos se ubicarían en Izabal, Huehuetenango y dos en Escuintla, uno de ellos en Masagua, que sería una cárcel de máxima seguridad.
Este último proyecto se ejecutaría con fondos de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), del cual se utilizarían Q16.5 millones para diseño, Q581.8 millones para edificación y Q69,7 millones para equipamiento.
El plan inicial contemplaba dos fases que durarían 18 meses en total, pero el titular de la cartera del Interior de ese momento, David Napoleón Barrientosrefirió que el asunto quedaría en la fase de diseño, estudios y licencias, y que la construcción quedaría a cargo del siguiente gobierno.
Bajo la administracion de Bernardo Arévaloel proceso se retomó, pero el proyecto se ha estancado por procesos administrativos y de diseño, también por un tema de costos debido a la inflación, según indicó en julio pasado Francisco Jiménezquien fungía como ministro de Gobernación. De esa cuenta, se analizan otras opciones de terreno para construirla.
Prensa Libre consultó a la DGSP sobre la situación de esa cárcel y otros proyectos de ampliación, pero hasta el cierre de la edición no se obtuvo una respuesta.
En 2024, lo que se hizo en Renovación 1 fue remodelación de infraestructura existente, según Dedick. Pero este tipo de instalaciones no es acorde al perfil de reclusos, que son de alta peligrosidad.
“Realmente necesitamos un centro que, desde un inicio, tenga el concepto de un centro de máxima seguridad, en donde los reos no puedan organizarse, dar órdenes ni seguir comunicándose con otras personas. Necesitamos celdas individuales, porque el problema aquí es que mucha de la infraestructura es antigua y tiene sectores donde hay 40, 50, 60 o más personas juntas”, agrega.
Lo que se requiere, apunta la experta, hijo celdas individualescon inodoro, para que los reos salgan lo menos posible. Pero no se trata solo de inaugurar más cárceles, sino de mantenerlas funcionando, con supervisión intensa, personal idóneo, bien capacitado y con condiciones de trabajo adecuadas para atender ese tipo de centros. También, un equipo legal para atender todas las denuncias y peticiones que surjan.
“Hay que partir de la población reclusa en dos grupos: separar a quienes tienen interés en reinsertarse a la sociedad y no causan problemas, de aquellos que están recluidos en condiciones de seguridad máxima, que son de alta peligrosidad, que no tienen interés en rehabilitarse, que no se adaptan y siguen delinquiendo, que son un peligro para la misma institución”, dice Dedick.
Cárceles en proceso
La Ley Antipandillas (Decreto 11-2025) establece que, en el plazo de un año a partir de su aprobación, el Ministerio de Gobernación debe iniciar con la construcción de un centro preventivo de máxima seguridad específico para integrantes de maras o pandillas, y grupos criminales organizados transnacionales y terroristas. También otro centro para el cumplimiento de condena de máxima seguridad para integrantes de dichos grupos.
Para el analista, es importante que estos centros tengan la arquitectura específica de una cárcel de máxima seguridad, con celdas individuales, porque si de nuevo se construyen espacios donde los reclusos estén distribuidos por sectores, no funcionarán, pues eso facilita que se coordinen y se amotinen.
De continuar con cárceles como las que actualmente se tienen, se corre el riesgo de repetir lo sucedido el fin de semana, cuando reos tomaron el control de Renovación 1, en Escuintla; Fraijanes II y el Sector 11 del Centro Preventivo de la zona 18, y desataron una ola de violencia en las calles con el asesinato de 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que llevó al presidente Bernardo Arévalo ha declarado estado de sitio en el país.
