América Latina continúa rezagada en la carrera global para atraer inversión biofarmacéutica y garantizar un acceso oportuno a medicamentos innovadores. Así lo evidencian dos mediciones claves presentadas en 2025: el Índice de Competitividad Biofarmacéutica (BCI, por sus siglas en inglés) y el Indicador WAIT, que analizan, respectivamente, qué tan atractivos son los países para la inversión en el sector y cuánto tiempo deben esperar los pacientes para acceder a nuevas terapias tras su aprobación internacional. En ambos frentes, Colombia muestra avances puntuales, pero también desafíos persistentes que comprometen su capacidad de innovación y la respuesta del sistema de salud.
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El BCI 2025 evalúa el atractivo de los países para la inversión biofarmacéutica a partir de encuestas a ejecutivos de la industria, teniendo en cuenta factores como el entorno regulatorio, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado y el ecosistema de investigación. El índice no solo mide desempeño, sino que ofrece una hoja de ruta para fortalecer la competitividad, atraer inversión en investigación, desarrollo y producción de medicamentos, y generar empleos de alta calificación, con impactos directos en los sistemas de salud.
Una parte significativa de los pacientes accede a tratamientos innovadores con restricciones. Foto:iStock
En términos generales, América Latina obtiene un puntaje promedio de 59 % en competitividad biofarmacéutica, por debajo de otros mercados emergentes como Singapur o Israel. Dentro de la región, Costa Rica, Chile y México se destacan como los países con mejor desempeño, impulsados por avances en capacidades científicas y una evolución de sus marcos regulatorios. Sin embargo, persisten debilidades estructurales, especialmente en el acceso al mercado y en la protección efectiva de la propiedad intelectual, factores que limitan la confianza de los inversionistas.
El informe señala que el contexto geopolítico actual representa una oportunidad estratégica para que la región se consolide como un centro global de innovación biofarmacéutica, siempre y cuando se cierren las brechas de política pública. Cada país presenta fortalezas específicas: Chile sobresale en investigación clínica; Costa Rica y México, en capacidades científicas; y Brasil, en regulación. No obstante, los retrocesos en acceso al mercado y propiedad intelectual se repiten en varios países, entre ellos Colombia.
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En el caso colombiano, los resultados del BCI 2025 reflejan desafíos transversales en el desempeño del mercado. Aunque el país presenta su mejor resultado relativo en condiciones y marco para la investigación clínica, apenas se ubica en la mitad del grupo evaluado. Además, Colombia ha registrado descensos en todas las áreas del índice desde 2017, una tendencia que refuerza la necesidad de avanzar en una agenda integral de mejora para potenciar su competitividad y atraer mayor innovación en salud. Uno de los puntos más críticos es la protección efectiva de la propiedad intelectual, que alcanza un puntaje de apenas 44,25 %, con una caída cercana a nueve puntos porcentuales frente a 2017.
Propiedad intelectual y acceso al mercado, los puntos críticos para la biofarmacéutica en Colombia. Foto:iStock
Las dificultades en competitividad se reflejan también en el acceso a medicamentos innovadores, medido por el Indicador WAIT 2025. Este estudio calcula cuánto tiempo tardan las nuevas terapias en estar disponibles para los pacientes de América Latina después de su aprobación global. La medición busca visibilizar el impacto humano de los retrasos: cada mes de demora implica sufrimiento evitable para personas que podrían beneficiarse de tratamientos ya disponibles en otras regiones.
Los resultados regionales son preocupantes. En promedio, los pacientes latinoamericanos esperan entre cinco y seis años y medio para acceder a terapias innovadoras tras su aprobación internacional. De los 403 medicamentos aprobados por la FDA y la EMA incluidos en el estudio, solo 245, equivalentes al 61 %, obtuvieron aprobación en algún país de la región. Además, menos del 10 % de los medicamentos analizados mejoró su disponibilidad frente al año anterior, mientras que el 90 % restante mantuvo los mismos niveles de acceso que en 2024.
Para enfermedades como cáncer, diabetes o artritis reumatoide, estas cifras no son solo estadísticas, sino años de sufrimiento evitable y oportunidades perdidas para mejorar la calidad de vida. El informe subraya que una mayor transparencia en los tiempos de acceso puede generar conciencia y compromiso para reducir las brechas, mediante mecanismos innovadores como acuerdos de acceso administrados y evaluaciones tempranas de tecnologías sanitarias.
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En Colombia, los pacientes esperan en promedio cerca de 5,5 años para acceder a un medicamento innovador desde su aprobación internacional, un tiempo muy similar al promedio regional. El país tarda alrededor de 3,4 años en otorgar la aprobación regulatoria —41 meses frente a un promedio regional de 38 meses—, aunque, una vez superada esta etapa, el tiempo para que los medicamentos estén disponibles es ligeramente más corto, lo que equilibra parcialmente el resultado final.
Uno de los puntos fuertes del modelo colombiano es que el 97% de los medicamentos que reciben aprobación logran algún nivel de disponibilidad, una de las tasas más altas de la región, reflejo de la fortaleza del sistema de cobertura pública. Sin embargo, solo el 61 % alcanza una disponibilidad plena, lo que implica que una proporción significativa de pacientes enfrenta restricciones geográficas, poblacionales o administrativas para acceder a los tratamientos.
En oncología, los resultados son más favorables: el 100 % de los medicamentos aprobados está disponible en el país, lo que demuestra que, cuando existe priorización y articulación institucional, el sistema puede responder de manera efectiva. Aun así, el acceso en Colombia depende casi exclusivamente del sector público, sin medicamentos disponibles únicamente en el mercado privado, lo que refuerza el rol central del sistema, pero también lo hace más vulnerable a choques financieros y operativos.
El acceso general sigue condicionado por demoras regulatorias, dependencia del sector público. Foto:iStock
El informe advierte que la actual crisis de financiamiento del sistema de salud podría agravar los tiempos de acceso, afectando los procesos de compra, los pagos a prestadores y la continuidad de tratamientos, incluso para medicamentos que ya cuentan con decisión de cobertura. A esto se suman cuellos de botella institucionales, como limitaciones de capacidad en el Invima, desafíos en la evaluación de tecnologías en salud y desalineación entre evaluación, financiación y compra, que continúan retrasando y fragmentando el acceso a la innovación médica en el país.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
