Este martes pasará a la historia por la tensión que se ha vivido desde las primeras horas cuando en la Corte Suprema de Justicia se habló de la posibilidad de elegir como suplente para la Corte de Constitucionalidad a Consuelo Porras, mientras que en el Congreso se habló también de un importante aval extranjero para impulsar a Roberto Molina Barreto. Al principio de la tarde se suspendió la sesión del Organismo Legislativo, todo ello después de que el Presidente Bernardo Arévalo dirigió un mensaje a la población relacionada con la “supuesta” intervención de la Embajada de Estados Unidos para influir en la decisión de la CSJ y el pleno de diputados en la conformación de la CC.
Tras el mensaje presidencial, la embajada se limitó a repetir que Estados Unidos no apoyará la participación de elementos vinculados con el narcotráfico y el crimen organizado, sin especificar ni aclarar si realmente, como dijeron varios magistrados y diputados, había tratado de promover tanto a Molina Barreto como a Consuelo Porras.
Lo más trascendente de la jornada, sin duda, es el golpe a las aspiraciones de la actual Fiscal General que estuvo a punto de ser designado como suplente de la Corte de Constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia. Se sabe que ha habido un intenso cabildeo realizado en Estados Unidos para forzar a que tanto Molina Barreto como Porras fueran favorecidos con la inmunidad que les daría impunidad por las acciones que pudieron realizar tanto desde la CC como del MP. El lobby es indiscutible y se ratificó con la exposición que hicieron algunos voceros de los cabilderos tras el discurso del Presidente a media mañana, pero obviamente no terminó rindiendo el fruto esperado, por lo menos en lo que se refiere al caso de la Fiscal Consuelo Porras.
Del Congreso está por verso, pero sería un momento oportuno para que los diputados, tomando en cuenta la cantidad de abogados calificados que han presentado su papelería, pudieran hacer una designación que responda a las aspiraciones de la ciudadanía de tener una Corte de Constitucionalidad alejada de las prácticas que en los últimos años han caracterizado el procedimiento de esa instancia fundamental en el país.
Si los diputados no quieren a Rony López y tampoco a Molina Barreto, hay que buscar una tercera opción porque lo que necesitamos es dar espacios a los guatemaltecos que no quieren ninguno de los extremos radicales y/o aquellos grupos que están más pegados a sus esfuerzos de impunidad, negocios y alianzas con el crimen organizado.
El país tiene la oportunidad de rescatar la independencia del más alto tribunal para que opere con menos vínculos con los grupos promotores de la corrupción y la impunidad, situación en la que el Congreso tiene la posibilidad de alejarse de radicalismos y favoritismos politiqueros, para elegir magistrados más competentes y comprometidos con el Estado de Derecho y que sea el principio del rescate de la justicia en el país.
