La Cámara Chilena de la Vivienda advierte que sin reglas claras que ordenen el mercado del suelo urbano será extremadamente difícil revertir el déficit habitacional.
Tras los recientes desalojos en distintos campamentos, la Cámara Chilena de la Vivienda manifestó su preocupación por el agravamiento de la crisis habitacional y llamó a abordar el problema desde una perspectiva estructural.
Desde el gremio sostienen que el foco no puede limitarse a una dimensión policial o jurídica. El problema radica en la falta de una política clara que ordene y regule el mercado del suelo urbano, hoy tensionado por procesos de especulación y retención de terrenos.
“El país enfrenta un problema estructural: el suelo urbano se ha transformado en un bien de especulación antes que en un soporte para el desarrollo social”.— Miguel Cortés, presidente de la Cámara Chilena de la Vivienda
Aunque la producción anual de viviendas puede acercarse al déficit estimado, gran parte de la oferta no está orientada a sectores vulnerables y medios, sino a segmentos de mayor rentabilidad. Esta desconexión refleja un problema de incentivos y de diseño de política pública.
El principal nudo crítico
El acceso a terrenos bien localizados, con factibilidad de servicios y condiciones normativas adecuadas, se ha convertido en el principal obstáculo para desarrollar proyectos de vivienda social e integración.
“Sin suelo disponible y a precios razonables, cualquier plan habitacional termina siendo insuficiente o inviable”.— Werner Hansen, gerente de Inmobiliaria Social
Reformas estructurales necesarias
- Generar bancos de suelo público destinados prioritariamente a vivienda social.
- Agilizar cambios normativos y subdivisiones para proyectos ya adjudicados.
- Revisar mecanismos de especulación y retención de terrenos urbanos.
- Alinear la planificación urbana con la reducción del déficit habitacional.
La Cámara reiteró su disposición a participar en una mesa técnica amplia que permita avanzar hacia una política de suelo y vivienda que combine responsabilidad fiscal, eficiencia de mercado y justicia social.
