La historia regala a menudo simpáticas casualidades. En el año 2008, el conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, celebraba el acuerdo con el mundo local y con el Gobierno para impulsar la mejora de la N-260 entre Xerallo y El Pont de Suert, un punto negro de la red viaria pirenaica. Casi dos décadas después, con su hermano Manel Nadal como secretario de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, este proyecto vuelve a cobrar vida, y si entonces el Estado ya tenía un estudio informativo, ahora se anuncia la licitación de un nuevo informe inicial para, de una vez por todas, acometer esta transformación del Eix Pirenenc que los pueblos del entorno reclaman desde 1995. Lo ha anunciado este sábado el omnipresente conseller de Presidència, Albert Dalmau, durante una jornada de debate celebrada en Tremp.
Si en tiempos del presidente José Montilla la obra salía por 242 millones, ahora la factura ya asciende hasta los 280 millones para una alternativa que incluye una variante en túnel –para evitar el collado de la Creu de Perves, de más de 1.300 metros de altitud– y abarca 21 kilómetros de carretera. ¿Qué ha cambiado para que los municipios afectados sientan que ahora sí parece que la cosa va en serio después de 30 años de espera? El titular de la N-260 es el Estado, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha echado mano de la encomienda de gestión, esto es, la cesión de la supervisión del proyecto a la Generalitat, aunque el dinero saldrá de las arcas estatales. Ya se usó para construir el también largamente reivindicado carril bus de la B-23 (entrada a Barcelona por la Diagonal), y tal y como anunció este diario en diciembre, esta fórmula se usará para mejoras en carreteras que suman 1.000 millones. El acuerdo para la N-260 contempla ejecutar las obras antes del 2033.
La inversion
La obra tendrá un coste de 280 millones y prevé un túnel para evitar el collado de Perves, que sube hasta 1.300 metros
Dalmau, que ha participado en la jornada de debate Diàlegs per Lleida en Tremp, ha aplaudido el trabajo conjunto de las distintas instituciones “para hacer avanzar el país” y sacar adelante iniciativas relevantes para el Pirineu. “Estamos poniendo las bases de un crecimiento sólido y hoy reafirmamos nuestro compromiso con un territorio que tiene que estar en el centro de la prosperidad de Catalunya”, ha sostenido el responsable de Presidència, al que acompañaba el conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Más allá de la promesa de desatascar la reforma de la N-260, el Govern también ha anunciado la licitación de las obras de mejora del tramo de la carretera L-512 (Eix de Comiols) entre el Pont d’Alentorn y Vall-llebrera, proyecto al que se destinarán 22 millones de euros. Los trabajos empezarán el próximo otoño y darán continuidad a la variante de Artesa de Segre. También hay lluvia de millones para la C-28, la que conecta el Pallars Sobirà con la Vall d’Aran, con mejoras en algunos tramos en cuanto a seguridad y funcionalidad y el ensanche de la carretera a su paso por Sorpe. La inversión prevista es de 10,5 millones. En este trimestre, además, se licitarán obras (unos tres millones de euros) para implantar medidas ante los aludes en el Port de la Bonaigua.
La jornada en Tremp también ha traído novedades tecnológicas. Gracias a un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se desbloqueará el despliegue de la red de fibra óptica de titularidad pública a través del Eix Pirinenc (la N-260). Se prevé que el proyecto del primer tramo entre Puigcerdà y La Seu d’Urgell, unos 47 kilómetros, esté redactado en marzo para su aprobación y posterior proceso de licitación de las obras. A partir de ahí se irá avanzando hasta cubrir los 470 kilómetros de este eje alpino.
nuevos tiempos
A la espera de la nueva ley de alta montaña
El Govern tiene en información pública hasta mediados de febrero el anteproyecto de la nueva ley de alta montaña, un plan que beneficia a 144 municipios del Aran, la Alta Ribagorça, el Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Solsonès, el Berguedà y el Ripollès, con la financiación de proyectos encaminados a impulsar su economía. Sustituirá la legislación actual, aprobada hace más de 40 años, y llega con la vocación, reza el Govern, de “hacer frente a los nuevos retos y cambios económicos, sociales, ambientales e institucionales de las últimas décadas”.
