“Todas las EPS que están en quiebra se liquidan, dentro o fuera. Ya no tenemos alternativas”. Con esta instrucción, impartida durante el consejo de ministros del pasado 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro se puso en marcha una de las decisiones más drásticas sobre el sistema de salud en las últimas décadas, al ordenar a los ministerios de Salud y Hacienda iniciar el proceso de liquidación de las aseguradoras con problemas financieros. La medida, que surge tras el fracaso de la reforma estructural en el Congreso, es presentación por el propio mandatario como una especie de último recurso.
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El argumento central del Gobierno gira en torno a la sostenibilidad fiscal. El presidente Petro ha insistido en que asumir las deudas acumuladas por las EPS —que superan los 32,9 billones de pesos de acuerdo con la Contraloría— representaría un riesgo inaceptable para las finanzas públicas, al punto de calificarlo como un “suicidio” económico para el país. Bajo esa lógica, la liquidación aparece como una alternativa para evitar que el Estado tenga que cubrir obligaciones que, según el primer mandatario, corresponden a actores privados. En esa misma línea, ha reiterado que los colombianos no deben pagar “deudas privadas” ni repetir lo que considera errores de administraciones anteriores, en las que —según su visión— ya se habrían destinado recursos públicos sin resolver los problemas estructurales del sistema.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto:Ovidio González. Presidencia
Sin embargo, más allá del argumento fiscal, la decisión abre un escenario de incertidumbre que atraviesa todo el sistema de salud. Aunque no se sabe una ciencia cierta cómo serán las liquidaciones, el presidente ha hablado de que todas las aseguradoras en números rojos deben liquidarse. En ese sentido, según expertos el proceso podría darse en dos fases. En la primera, siete EPS que están actualmente intervenidas —Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca— y que agrupan más de 12 millones de afiliados serían las que primero saldrían del sistema.
En términos prácticos, cuando una EPS se liquida, no desaparece de un día para otro. Se activa un proceso administrativo en el que los usuarios deben ser trasladados a otra EPS para garantizar la continuidad del servicio. En ese escenario, los pacientes con enfermedades como diabetes, cáncer, patologías cardiovasculares o enfermedades huérfanas se convierten en el grupo más expuesto, debido a que dependen de tratamientos continuos, medicamentos permanentes y seguimiento médico constante, elementos que podrían verse interrumpidos en medio de una transición masiva y desordenada.
Más allá de las intervenidas, hay un grupo más amplio de EPS con patrimonio negativo que también podría entrar en la mira. En total, serán hasta 14 EPS en dos fases, si se incluyen aquellas que hoy no están intervenidas pero presentan problemas financieros. Estas EPS no pueden liquidarse de inmediato, porque primero deben pasar por un proceso administrativo: intervención, evaluación y decisión de la Superintendencia de Salud. Por eso, cualquier segunda fase tomaría más tiempo.
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Sin embargo, el proceso técnico, cronograma y capacidad operativa de traslado aún no han sido detallados por el Gobierno. Esta ausencia de claridad se produce, además, en un contexto institucional particularmente sensible: días antes del anuncio, el Tribunal Administrativo de Antioquia había suspendido de manera provisional un decreto del Gobierno que buscaba reorganizar el aseguramiento en salud y facilitar el traslado de millones de usuarios entre EPS, llevando la mayoría hacia Nueva EPS, una aseguradora actualmente en crisis y también quebrada, que, sin embargo, sería la única que salvaría el Gobierno.
La Nueva EPS es la aseguradora más grande del país y la única que se salvaría de ser liquidada. Foto:Cortesía Nueva EPS
En ese escenario de tensiones jurídicas, incertidumbre operativa y fragilidad financiera, la orden presidencial es interpretada por varios analistas como un punto de inflexión que podría marcar el desmonte acelerado del modelo actual. Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de los Andes, plantea que la medida representa, en efecto, la última carta del Gobierno para transformar el sistema, pero lo hace —según su lectura— “por la puerta de atrás”. Su diagnóstico es contundente: no existe un plan claro de liquidación ni de transición que permita anticipar cómo se garantizará la continuidad de la atención para millones de usuarios, lo que convierte la decisión en una apuesta de alto riesgo. “Es otra medida populista e improvisada en salud por parte del gobierno nacional”, afirma, subrayando que, más allá del discurso político, la ejecución de una estrategia de esta magnitud requiere una planificación que hoy no es evidente.
El cuestionamiento no se limita al plano conceptual, sino que se extiende a la viabilidad práctica de la medida. Hernández advierte que una liquidación masiva de EPS en un período tan corto —cuando al Gobierno le restan menos de cinco meses— no es factible ni desde el punto de vista legal ni desde la lógica de la planeación en salud. En su concepto, la implementación de una decisión de este tipo desencadenaría un “colapso operativo”, caracterizado por la interrupción de la red de prestadores, la sobrecarga de las entidades receptoras y, sobre todo, el riesgo de interrupciones en la atención médico-quirúrgica de los pacientes. A esto se suma un elemento crítico: el traslado masivo de usuarios no resuelve la falta de capacidad instalada en el sistema, por lo que la presión sobre las instituciones podría aumentarse sin que existan soluciones inmediatas.
Desde la perspectiva de los pacientes, las preocupaciones adquieren un tono aún más urgente. Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, cuestiona de fondo la estrategia del Gobierno y sostiene que existen alternativas que no han sido consideradas, como la convocatoria de todos los actores del sistema para construir una reforma consensuada, basada en criterios técnicos y no en posiciones ideológicas. Para Silva, la prioridad debería ser la salud de los colombianos y no las decisiones unilaterales que, en su opinión, terminan desconociendo la complejidad del sistema y las necesidades reales de los usuarios.
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Uno de los puntos más críticos de su análisis es la posibilidad de trasladar millones de afiliados a la Nueva EPS, una entidad que —según advierte— no cuenta con la solidez financiera ni la capacidad operativa para asumir ese volumen de pacientes. En ese sentido, considera que una medida de este tipo no solo es inviable, sino que pone en riesgo directo la vida y la salud de los ciudadanos. “Trasladar a 12 o 15 millones de colombianos a una EPS que no tiene red ni capacidad es poner en peligro la salud y la vida de los colombianos”, señala, enfatizando que la continuidad de los tratamientos, la entrega de medicamentos y la atención oportuna podrían verse gravemente afectadas.
La medida es vista por distintos sectores como una estrategia improvisada. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Una decisión que profundiza la crisis estructural
Más allá de los efectos inmediatos que podrían generar la liquidación de las EPS, el debate de fondo se centra en el impacto estructural de esta decisión sobre un sistema que ya arrastra problemas financieros, operativos e institucionales. Desde distintos sectores, el consenso es claro: lejos de resolver las fallas de fondo, la medida podría profundizarlas y facilitar una crisis que ya se considera una de las más graves en la historia reciente del sector.
El exministro de Salud Alejandro Gaviria plantea una crítica frontal a la intención del Gobierno, al señalar que la liquidación de las EPS no responde únicamente a un objetivo de saneamiento financiero, sino a una estrategia para transformar el modelo de aseguramiento. En su concepto, lo que se busca es una estatización de facto del sistema, pero sin el respaldo legal necesario, lo que representa una amenaza tanto para los pacientes como para la institucionalidad. “El presidente no puede saltarse las leyes”, advierte, al tiempo que califica el anuncio como una fuente de “caos e incertidumbre”.
Gaviria identifica varios riesgos concretos. El primero es la sobrecarga de la Nueva EPS, que ya se encuentra desbordada y sin capacidad para atender a más pacientes, lo que hace inviable la idea de trasladar allí millones de afiliados. El segundo es el impacto sobre la red hospitalaria, especialmente en los servicios de alta complejidad, donde la participación de la red pública es limitada. En ese contexto, cualquier desfinanciamiento adicional podría generar consecuencias graves, incluso en términos de mortalidad, según advierte el exministro.
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Desde el sector prestador, la preocupación se traduce en impactos concretos sobre la operación de hospitales y clínicas. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, advierte que los procesos de liquidación requieren una planificación detallada y una logística compleja que no puede improvisarse. Cada traslado de población implica ajustes en redes, contratos y capacidades financieras, lo que exige tiempo, coordinación y recursos que no se resuelven con una decisión administrativa.
La decisión afectará la continuidad de tratamientos y profundizar sus fallas financieras. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
El análisis se complementa con la posición del sector empresarial. La Asociación Nacional de Industriales (Andi) advierte que el sistema de salud atraviesa una crisis financiera que ya tiene efectos humanitarios, marcados por la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los retrasos en los pagos, lo que afecta la compra de medicamentos, el pago de salarios y la misma prestación de los servicios. En este contexto, la liquidación de las EPS aparece como una medida que podría agravar la situación, al generar un traslado masivo de afiliados sin claridad sobre las entidades receptoras ni sobre las condiciones en que se garantizará la continuidad de la atención.
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El gremio también cuestiona la legitimidad de la medida, al considerar que los problemas financieros del sistema han sido inducidos en parte por decisiones del propio Gobierno, en contravía de las órdenes de la Corte Constitucional. Además, advierte que la liquidación podría convertirse en un mecanismo indirecto para trasladar usuarios a la Nueva EPS, pese a las restricciones judiciales existentes, lo que plantea interrogantes sobre el respeto a la institucionalidad.
En paralelo, Acemi, gremio de las EPS, coinciden en que la liquidación no resuelve los problemas de fondo y, por el contrario, puede trasladar la crisis a otras entidades que tampoco tienen capacidad para absorberla. El gremio señala que las intervenciones no han logrado rescatar las EPS, sino que han deteriorado sus indicadores, lo que refuerza la idea de que el sistema enfrenta una crisis estructural que requiere soluciones integrales y no aisladas.
La orden del presidente de liquidar EPS en quiebra desata alertas por un posible colapso operativo. Foto:Ronny Suárez – EL TIEMPO
Un sistema en el límite
La convergencia de estas voces dibuja un panorama complejo y altamente incierto. La orden de liquidar las EPS en quiebra no solo representa una decisión de alto impacto inmediato, sino que también pone en evidencia las tensiones estructurales de un sistema que ha perdido equilibrio financiero, capacidad operativa y confianza entre sus actores.
En este contexto, la medida aparece, para muchos, como una apuesta riesgosa que puede acelerar el deterioro del sistema en lugar de corregir sus fallas. La falta de planificación, la incertidumbre jurídica, la debilidad institucional y la fragilidad financiera convergen en un escenario en el que millones de pacientes podrían enfrentar interrupciones en su atención, mientras el sistema en su conjunto se acerca a un punto crítico.
Así, más que una solución, la liquidación de las EPS se perfila como un catalizador de la crisis, una decisión que podría marcar un antes y un después en la historia del sistema de salud colombiano, con consecuencias que aún son difíciles de dimensionar, pero que, según advierten expertos, pacientes y gremios, podrían sentirse durante años.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
