El pulso legal con el que los acusados del crimen de Melisa Palacios buscan evadir el juicio por asesinato escaló hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), que ya recibió argumentos legales que buscan sostener el juicio ordenado el pasado 2 de septiembre.
Así lo confirmó uno de los abogados a cargo del caso, quien detalló que tanto el Ministerio Público (MP) como los querellantes adhesivos ya evacuaron por escrito los argumentos de la vista pública.
La CC les dio de plazo hasta este 25 de diciembre, a las 19 horas, para que las partes se pronuncien por una apelación presentación por la defensa de los acusados María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín.
La jueza Carol Berganza, del Juzgado de Mayor Riesgo C, envió a juicio a los dos acusados por el crimen de Melisa Palacios, sin aceptar argumentos de los abogados defensores que pretendían que antes de la audiencia de etapa intermedia, se conociera un proceso de aceptación de cargos.
Los abogados de Bonilla y Marroquín presentaron un amparo en la Sala Primera de Apelaciones, buscando revertir el fallo de la jueza, pero dicha Corte de Apelación no aceptó los argumentos.
Por eso este punto llegó mediante apelación a la CC, que tras recibir los argumentos de las partes deberán de estudiarlos y posteriormente emitir una resolución.
A este 25 de diciembre, el calendario de sesiones plenarias de la CC permanece vacío, sugiriendo que las resoluciones constitucionales, de este y otros casos, comenzarán a ser emitidas en enero de 2026.
Además de esta apelación, existe otra acción similar, pero esta ataca el delito de asesinato por el que Bonilla y Marroquín deberán ser juzgados.
Un mayor riesgo
El proceso penal contra María Fernanda Bonilla y Luis Marroquín comenzó en un juzgado regional de Chiquimula, pero los fiscales a cargo del proceso y familiares de la víctima expusieron escenarios que ponían en riesgo su seguridad.
Durante algunas de las audiencias celebradas se observó a personas fuertemente armadas en los perímetros del juzgado, lo que despertó alertas entre los fiscales y los familiares de Melisa Palacios.
Incluso, varias audiencias del caso fueron suspendidas, lo que iba dilatando el proceso penal, a tal punto que familiares de la víctima lo consideraron como una “táctica dilatoria”, para así ir evadiendo el proceso judicial.
Finalmente, este año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó a la Cámara Penal evaluar una petición del MP, que expuso que por riesgo y temor para las partes era aconsejable que el caso se elevara a un juzgado de mayor riesgo.
Los argumentos se basan en las mejores condiciones de infraestructura y seguridad de los juzgados de alto impacto para garantizar las audiencias, lo que finalmente generó que el caso se trasladara a la ciudad de Guatemala.
Cuando el expediente se asignó al juzgado de Mayor Riesgo C, también se registró un cambio de juez, removiendo a Silvia de León de dicha judicatura, jueza que a criterio de sectores sociales ha demostrado independencia en sus años como jurista.
el caso
El caso por la muerte de Melisa Palacios comenzó el 5 de julio del 2021. La joven, de apenas 21 años de edad, desapareció en la aldea La Palma, de Rio Honda, Zacapa.
Las acciones de búsqueda por su desaparición concluyeron con la localización de la joven ya fallecida, con fuertes señales de violencia, según el informe de las autoridades forenses.
Cámaras de video vigilancia y testimonios, apuntan que Palacios se movilizó junto a Bonilla el día de su desaparición, además de un audio presentado en las audiencias que exponen una fuerte discusión entre la acusada y la víctima.
