La Alcaldia Cuauhtémoc afirmó que la empresa responsable de la demolición nunca contó con una licencia otorgada por la demarcación, por lo que los trabajos se realizaron bajo un esquema de “instalaciones” emitido por la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México.
La alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, sostuvo que la actuación de la autoridad local se apegó en todo momento a la Ley de Procedimiento Administrativo capitalina.
De acuerdo con la demarcación, el 17 de octubre de 2025 se emitió una prevención en la que se señalaron 10 riesgos que impedían autorizar la demolición, otorgando un plazo de cinco días hábiles para subsanar las observaciones. Sin embargo, al no atenderse dentro del periodo legal, que corrió del 4 al 11 de diciembre de 2025, la solicitud se tuvo por no presentación, en apego al artículo 45 de dicha ley.
La alcaldía explicó que el oficio emitido el 10 de marzo de 2026 no representaba una nueva determinación, sino la formalización administrativa de un efecto que, por ministerio de ley, ya había ocurrido desde el 12 de diciembre de 2025, tras el incumplimiento de los requisitos por parte del solicitante.
En este contexto, subrayó que, pese a no existir licencia de demolición por parte de la alcaldía, sí hubo un otorgamiento de facilidades por parte de la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Méxicobajo el cual se llevó a cabo los trabajos.
Asimismo, informó que, derivado de informes vecinales, se solicitaron visitas de verificación en seis inmuebles que operan bajo este mismo esquema; no obstante, estas han sido negadas con el argumento de que se trata de facultades exclusivas del gobierno central.
“La normatividad es clara: los plazos y efectos están establecidos en la ley y no dependen de interpretaciones”, indicó la demarcación en su posicionamiento.
Para la alcaldesa Rojo de la Vega, este caso evidencia la necesidad de revisar el esquema actual de autorizaciones y supervisión en demoliciones, particularmente aquellas realizadas bajo acuerdos de facilidades, con el fin de garantizar condiciones de seguridad más estrictas y mejorar la coordinación entre el gobierno central y las alcaldías.
