La representante de La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, manifestó su más categórica condena frente al ataque armado sufrido por voluntarios de Bomberos de Chile en la comuna de Angol, quienes fueron recibidos con disparos mientras combatían un incendio forestal, poniendo en riesgo su vida e interrumpiendo trabajos esenciales de emergencia.
“La violencia ha cruzado un límite intolerable. Atacar a Bomberos personas que arriesgan su vida para proteger a la comunidad constituye un hecho de extrema gravedad que debe indignarnos como país. No solo se vulnera la integridad de los voluntarios, sino que además se compromete seriamente la capacidad del Estado para responder de manera oportuna a emergencias que afecten a millas de familias”, sostuvo.
Aravena recordó que Bomberos, brigadistas y equipos de respuesta cumplen un rol crítico en contextos de catástrofe, especialmente en una región que enfrenta de manera recurrente incendios forestales y escenarios de alto riesgo. En ese sentido, advirtió que este tipo de ataques no pueden normalizarse ni relativizarse bajo ninguna circunstancia.
“Cuando se agrede a quienes están salvando vidas, el Estado debe reaccionar con decisión y claridad. No puede existir tolerancia frente a la violencia ejercida contra equipos de emergencia en pleno cumplimiento de su trabajo”, afirmó.
En esa línea, la parlamentaria anunció que impulsará una iniciativa legal orientada a reforzar la protección penal de Bomberos y equipos de emergencia, evaluando el aumento de sanciones frente a conductas como agresiones, amenazas u obstrucción de su trabajo, especialmente cuando estas ocurren en contextos de catástrofe o emergencia pública.
“No basta con condenar. Es necesario revisar el marco legal vigente y fortalecerlo, de manera que quienes atacan o impidan el trabajo de Bomberos enfrentan sanciones proporcionales a la gravedad del daño que provocan. La ley debe cumplir también un rol disuasivo”, enfatizó.
Asimismo, Aravena llamó a las autoridades competentes a reforzar de forma inmediata la seguridad y los protocolos operativos de los equipos de emergencia, incluyendo medidas preventivas en zonas de alto riesgo, con el fin de evitar que hechos de esta naturaleza vuelvan a repetirse.
“Como Estado tenemos la obligación de garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes protegen vidas y bienes. No es aceptable que deban hacerlo bajo amenaza armada”, subrayó.
Finalmente, hizo un llamado a un respaldo transversal para fortalecer el orden público y la protección de quienes cumplen funciones esenciales para la sociedad.
“Quien agrede a Bomberos agrede a toda la comunidad. Aquí no puede haber ambigüedades ni espacio para la impunidad”, concluyó.
