La orden del presidente Gustavo Petro de liquidar todas las EPS en quiebra no solo reconfigura el debate sobre el sistema de salud, sino que abre un escenario de alta incertidumbre en el que coinciden advertencias técnicas, preocupaciones operativas y un creciente temor ciudadano. La medida, que podría afectar a más de 12 millones de afiliados en una primera fase, es vista por expertos y organizaciones de pacientes como una decisión que podría derivar en una crisis más profunda que la actual.
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La orden del Gobierno apunta a las EPS intervenidas, entre ellas Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud, Servicio Occidental de Salud y Capresoca. En conjunto, suman más de 12 millones de afiliados que tendrían que ser reubicados en el sistema. En la práctica, ese traslado masivo plantea un desafío sin precedentes. El sistema debería redistribuir millones de usuarios en un corto tiempo, en medio de una red ya tensionada.
De acuerdo con expertos y analistas, el destino más probable de esos afiliados sería la Nueva EPS, actualmente la aseguradora más grande del país con cerca de 11 millones de usuarios y que aunque está intervenida el presidente pidió salvarla. “La Nueva EPS pública será adscrita al Ministerio de Salud y Hacienda y el Gobierno Nacional pagará la deuda que le pertenece directamente a sus acreedores a través de la Dirección”, señaló Petro.
El presidente Gustavo Petro ordenó que las EPS quebradas fueran liquidadas. Foto:Presidencia.
La orden no llega al vacío. Se produce después de una cadena de reveses institucionales: la suspensión de decretos clave como el 0182 y el 0858, y el hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso. En ese contexto, más que una decisión aislada o puramente fiscal, expertos, gremios y organizaciones de pacientes interpretan la medida como un intento de avanzar, por otra vía, hacia el modelo de sistema que el Gobierno no logró aprobar por la vía legislativa.
Para el académico y profesor de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández el momento en que se toma la decisión no es menor. La caída de la reforma y las decisiones judiciales que frenaron los decretos del Ejecutivo dejaron al Gobierno sin sus principales herramientas para rediseñar el sistema. En ese escenario, la liquidación de EPS aparece como un mecanismo indirecto para modificar su arquitectura.
Aunque el Gobierno ha insistido en que se trata de una medida necesaria ante la inviabilidad financiera de varias entidades, el contexto político sugiere otra lectura: la intervención del sistema a través de decisiones administrativas que, en la práctica, pueden alterar el equilibrio entre aseguradores y prestadores.
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El exministro de Salud, Augusto Galán, coincide en que el problema no es solo la decisión, sino su alcance. A su juicio, una liquidación masiva podría convertirse en una vía de hecho para desmontar el modelo de aseguramiento sin haber definido plenamente el sistema que lo reemplazaría. “Se puede generar un colapso total”, advierte.
Galán planteó que la apuesta del Gobierno responde a una intención estructural: reconstruir un modelo similar al antiguo Seguro Social. “El intento es ese, es hacer un gran seguro social en el país”, explicó, al señalar que desde el inicio del gobierno se ha buscado concentrar el aseguramiento en una entidad de carácter público.
Las voces coinciden en que los más afectados serán los pacientes. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Según Galán, decisiones como los decretos recientes y los intentos de trasladar afiliados apuntan en esa dirección: fortalecer la Nueva EPS como eje del sistema. Sin embargo, cuestionó la viabilidad de esa estrategia. “Es una decisión abrupta que uno realmente no entiende”, afirmó, y advirtió que trasladar entre 12 y 13 millones de afiliados a esa entidad podría generar “un riesgo real de un colapso total del sistema de salud”.
La preocupación central es que el sistema no tiene hoy la capacidad de absorber un traslado masivo de afiliados ni para reorganizar, en tiempo real, la red de prestación de servicios. Esto se agrava si se considera que una de las posibles receptoras de esos usuarios sería la Nueva EPS, entidad que ya enfrenta dificultades financieras y operativas.
Para la red hospitalaria, la medida revive un escenario ya conocido. Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) advierte que las liquidaciones “nunca tienen un buen desenlace” para clínicas y hospitales. Su preocupación se concentra en dos frentes. El primero es la atención de los pacientes, que requiere una logística compleja para evitar interrupciones en los tratamientos. El segundo es el impacto financiero: la experiencia muestra que las deudas acumuladas por las EPS liquidadas rara vez se pagan en su totalidad.
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Según explica, las instituciones prestadoras suelen recuperar apenas una fracción de lo que se les adeuda, lo que debilita aún más a un sector que ya enfrenta una crisis de liquidez. En ese sentido, una liquidación masiva podría profundizar el deterioro de la red hospitalaria.
Esa alerta coincide con la de Jorge Toro, director de la Unión de IPS, quien advierte que el sistema atraviesa una de sus peores crisis de caja. En su lectura, una decisión de esta magnitud, sin mecanismos de protección, podría desencadenar un efecto dominó en el que clínicas y hospitales reduzcan servicios o incluso cierren.
“Llamamos a la reflexión a que se llegue a la mesura, al estudio técnico”, dijo, advirtiendo que una decisión de este tipo debe evaluarse con profundidad por sus posibles efectos sistémicos. En su concepto, el riesgo es que la liquidación masiva no resuelva la crisis, sino que la agrave. “Deben buscarse soluciones y no fatalidades”, concluyó.
Nueva EPS sería la aseguradora que recibiría la mayoría de traslados, según expertos. Foto:MAURICIO MORENO
La preocupación no es menor si se tiene en cuenta el volumen de recursos en el juego. La cartera acumulada entre EPS intervenidas y liquidadas alcanza cifras de varios billones de pesos, lo que convierte cualquier decisión en un factor de alto riesgo para la estabilidad del sistema.
En este punto, la crítica de expertos como el consultor en sistemas de salud, Ramón Abel Castaño es contundente. A su juicio, la medida podría derivar en una “catástrofe” mayor a la crisis actual, precisamente porque no resuelve el problema estructural de financiación y, en cambio, introduce nuevos factores de inestabilidad.
Por su parte, el movimiento Pacientes Colombia, que congrega más de 200 organizaciones, calificó la decisión del presidente como “irresponsable y temeraria”, al considerar que puede generar pánico y desorganización. Para la organización, la decisión no puede analizarse al margen del contexto político. En su lectura, el anuncio se produce tras los frenos judiciales a los decretos del Gobierno y el fracaso de la reforma, lo que refuerza la idea de que se trata de una estrategia para avanzar en el cambio de modelo sin pensar en las consecuencias negativas que puede generar en el sistema.
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Pacientes Colombia advierte que el traslado masivo de afiliados pondría en riesgo la atención, especialmente si se concentra en entidades con problemas financieros. Además, alerta sobre la falta de claridad en el pago de deudas y la protección del talento humano en salud.
En ese escenario, los pacientes con enfermedades como diabetes, cáncer, patologías cardiovasculares o enfermedades huérfanas se convierten en el grupo más expuesto, debido a que dependen de tratamientos continuos, medicamentos permanentes y seguimiento médico constante, elementos que podrían verse interrumpidos en medio de una transición masiva y desordenada.
Su advertencia más fuerte es sobre el riesgo de un colapso sistémico. Una liquidación desordenada, señalan, podría llevar al cierre de servicios, la reducción de capacidades y la salida de especialistas, especialmente en las regiones más vulnerables.
Hospitales, médicos y pacientes temen por la continuidad de la atención. Foto:Néstor Gómez – EL TIEMPO
Para el exministro de Salud y también exfuncionario del Gobierno Petro, Alejandro Gaviria, la decisión encaja en una lógica del Gobierno de transformar el sistema hacia un modelo estatal. Sin embargo, advierte que ese cambio se estaría intentando sin la capacidad institucional necesaria.
De acuerdo con el experto, el problema no es solo la dirección del cambio, sino la ausencia de una transición clara. La posibilidad de que el sistema quede, temporalmente, sin aseguradores sólidos plantea un escenario de desorganización en el que los pacientes podrían quedar en un limbo.
“La Nueva EPS está desbordada, no tiene capacidad de atender más pacientes. El gobierno sigue con la idea de trasladar allí millones de personas. El solo anuncio va a generar caos e incertidumbre. Es una locura. Las opiniones del presidente revelan no solo su ignorancia, sino también su desprecio por los enfermos y los pacientes”, señaló Gaviria.
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En medio de este debate, hay un consenso claro: los principales afectados resultaron los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o de alto costo. La interrupción de tratamientos es uno de los riesgos más señalados, con posibles consecuencias graves en términos de salud pública.
En ese sentido, Pacientes Colombia insiste en que cualquier decisión debe priorizar la protección del derecho fundamental a la salud y ha solicitado la intervención de organismos como la Corte Constitucional y entidades de control para evitar una crisis mayor.
Una decisión que redefinirá el debate
La eventual liquidación de siete EPS no solo plantea un cambio operativo, sino una redefinición del sistema de salud en Colombia. En lugar de una reforma discutida y aprobada en el Congreso, el país podría enfrentar una transformación impulsada desde decisiones administrativas.
El problema, como advierten expertos y actores del sistema, es que ese camino puede tener costos elevados. La combinación de crisis financiera, debilidad institucional y alta demanda de servicios configura un escenario en el que cualquier error puede amplificarse, y en la salud todos los errores cuestan vidas.
EDWIN CAICEDO
Periodista de Medio Ambiente y Salud
@CaicedoUcros
