El gobierno sostiene que pretende mejorar la calidad de vida de los colombianos mientras enfrenta un aluvión de críticas del sector empresarial, que califica la medida de insostenible.
Es el mayor aumento salarial de los últimos 25 años. El anterior más alto se registró en 2023 (16%).
“Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad” aunque “va a haber una presión sobre los precios”, dijo Petro en una alocución junto al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Con el aumento del 23,7% y el subsidio para el transporte, el salario mensual trepará de 1.623.500 (422,2 dólares) a dos millones de pesos colombianos (520,2 dólares), cuando restan pocos meses para que se realicen las elecciones presidenciales de 2026.
Los economistas advierten que el aumento podría tener impactos negativos sobre la inflación, la informalidad y el costo de vida, en alza en el país.
“Un aumento muy por encima de la inflación es un empujón que no es duradero porque se transmite en más inflación (…) con un efecto macroeconómico que desestabilizaría la economía colombiana”, dijo a la AFP Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana.
En Colombia se estima una inflación en torno al 4% para el año entrante, según el Banco de la República (central).
Cerca al 50% de los trabajadores colombianos, que en su mayoría tienen empleos informales, no llegan a ganar un salario mínimo, según cifras del departamento de estadística estatal DANE.
Fabio Arias, presidente del sindicato Central Unitaria de Trabajadores -uno de los más grandes de Colombia- acusó a los empresarios de lamentar que “al pueblo trabajador le pueda llegar a ir bien”.
El incremento acumulado del salario mínimo bajo el mandato de Petro en los últimos tres años fue del 42,4%, según el Ministerio de Hacienda.
La economía nacional supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PIB de entre 2,6 y 2,7% hacia el final de año.
La semana pasada, Petro declaró estado de emergencia económica por 30 días ante una “inminente crisis fiscal”, tras llamados de atención de organismos internacionales al Ejecutivo izquierdista por la salud fiscal del país.
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