Después de las bandas de música y los lanzamientos de cuentas, la ciudad de Nueva Orleans se enfrenta a una de las peores crisis financieras de su historia moderna, tras años de gasto financiado con ayudas federales temporales para la pandemia. Con la baja recaudación y los costos estancados, las autoridades afirman que el déficit presupuestario resultante tardará años en cerrarse.
La alcaldesa Helena Moreno, quien asumió el cargo en enero, heredó un déficit estimado en US$222 millones en un presupuesto operativo de unos US$1 mil 600 millones, según funcionarios municipales. A finales del año pasado, la ciudad tuvo que pedir prestados US$125 millones a Wall Street simplemente para pagar la nómina, cubrir los gastos rutinarios y las bonificaciones de retención para la Policía prometidas por la administración anterior, una medida que provocó rebajas en la calificación crediticia de las tres principales agencias de calificación crediticia.
Y a partir de la nómina del 15 de febrero, muchos trabajadores municipales tendrán que tomar el equivalente a 22 días de licencia sin goce de sueldo hasta fin de año.
Con las opciones provisionales agotándose, los líderes municipales afirman que ahora están pasando de recortes a corto plazo a soluciones estructurales, incluyendo cambios propuestos a los estatutos y posiblemente nuevos impuestos al turismo, que podrían alterar permanentemente la forma en que Nueva Orleans se gobierna.
“Vamos a solucionar este problema, a corregir la forma en que se gasta en la ciudad de Nueva Orleans para que nunca más tengamos una administración que nos lleve a un agujero como este”, dijo JP Morrell, presidente del ayuntamiento.
Posible intervención
La crisis se desarrolla en medio de una profunda división política. Nueva Orleans es un bastión demócrata en un estado republicano, lo que aumenta los temores en el ayuntamiento de que una toma de control estatal de las finanzas municipales pueda amenazar prioridades importantes para sus votantes.
Esta preocupación ha aumentado la urgencia de los esfuerzos para estabilizar las cuentas de la ciudad antes de que el estado intervenga.
Las autoridades atribuyen la crisis a cómo Nueva Orleans utilizó la ayuda federal para la pandemia bajo la Ley del Plan de Rescate Estadounidense. La ciudad recibió casi US$388 millones, de los cuales aproximadamente US$187 millones se destinaron a reponer los ingresos perdidos y apoyar el presupuesto operativo. Las decisiones tomadas durante la administración anterior desempeñaron un papel fundamental, afirmó Michael Waguespack, auditor legislativo de Luisiana, quien citó la expansión del gobierno municipal, apoyada por la ayuda federal, y la ruptura de la confianza entre la alcaldía y el ayuntamiento al finalizar la ayuda.
Esas decisiones dejaron a la ciudad con una fuerza laboral mayor y menos reservas una vez que se agotó la ayuda. Los empleos inicialmente financiados a través de programas federales temporales se integraron en la fuerza laboral, y los funcionarios municipales afirman que las proyecciones de ingresos se sobreestimaron entre un 5 y un 10%, lo que amplió la brecha entre los costos recurrentes y los ingresos.
Escasez de agentes
Uno de los principales impulsores de esta brecha fue la Policía. Nueva Orleans lleva mucho tiempo enfrentando una escasez de agentes. Para abordar la retención, la administración anterior prometió bonificaciones de unos US$10 millones a los oficiales, utilizando fondos de ayuda para la pandemia para financiarlas.
Pero unas dos semanas antes de que Moreno asumiera el cargo, los funcionarios se dieron cuenta de que no quedaba suficiente dinero para cubrir el último año de dichas bonificaciones. La ciudad finalmente utilizó los fondos de un pago anticipado de ingresos de US$125 millones, colocados privadamente con JPMorgan Chase & Co., para pagar las bonificaciones ya prometidas. Waguespack afirmó que probablemente tendrá que repetirse el préstamo una vez que se pague en mayo.
Recurrir a un préstamo para pagar la nómina suele ser un recurso de “últimas medidas” cuando una ciudad enfrenta un grave problema presupuestario, afirmó Chris Brigati, director de inversiones de SWBC Investment Services, una firma que trabaja con emisores de bonos municipales e inversores. El gasto excesivo en horas extras agravó aún más la crisis, según el auditor. La ciudad presupuestó US$57 mil 500 el año pasado para horas extras, pero finalmente gastó aproximadamente US$50 millones —más de la mitad en la Policía— sin informar al ayuntamiento. Los costos de seguridad se dispararon con el concierto de Taylor Swift en 2024, seguido del ataque terrorista del año pasado en Bourbon Street y el Super Bowl.
Según las normas presupuestarias de la ciudad, el alcalde puede reasignar fondos sin la aprobación formal del consejo, lo que, según los funcionarios, permitió que el gasto excesivo pasara desapercibido hasta noviembre.
Presentarán enmiendas
El Consejo planea presentar una enmienda a los estatutos en la boleta electoral de noviembre que reforzaría los controles fiscales. De aprobarse, los departamentos no podrían exceder sus presupuestos a menos que el consejo adopte formalmente una enmienda presupuestaria.
Para reducir el déficit, los líderes de la ciudad están considerando tanto recortes de gastos como nuevos ingresos. La concejala Lesli Harris, quien preside el comité de presupuesto, afirmó que las autoridades quieren evitar una carga para los residentes y, en su lugar, están examinando los impuestos relacionados con el turismo, incluyendo sobre alquileres a corto plazo, estancias en hoteles, venta de alcohol y concesiones en el Caesars Superdome, sede de los New Orleans Saints de la NFL.
La industria turística de Nueva Orleans se ha recuperado de la pandemia, pero la recuperación ha sido desigual. Las visitas internacionales siguen siendo un desafío, y los viajes desde Canadá, uno de los mayores mercados extranjeros de la ciudad, cayeron entre un 5 y un 10% el año pasado, según New Orleans & Company, un grupo de marketing de la industria turística, debido a la debilidad de la demanda, en medio de un contexto político más tenso bajo el gobierno de Donald Trump.
Walt Leger, presidente del grupo, afirmó que es improbable que la debilidad internacional reduzca la influencia de público al Mardi Gras, pero advirtió que el aumento de impuestos podría restablecer la competitividad a la ciudad en la carrera para conseguir grandes eventos.
