El TPS permite en particular a los 350.000 haitianos residentes en Estados Unidos vivir y trabajar legalmente.
En una sentencia de 83 páginas a la que tuvo acceso la AFP, la jueza Ana Reyes declara que la secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tiene la facultad de poner fin a este estatus.
“Los demandantes (cinco ciudadanos haitianos) sostienen que la secretaría (Kristi) Noem tomó deliberadamente su decisión de poner fin al TPS por hostilidad hacia los inmigrantes no blancos. Eso parece muy probable”, escribió la magistrada.
La decisión de Kristi Noem es “arbitraria y caprichosa”, estimó la jueza.
“Kristi Noem tiene derecho, en virtud de la Primera Enmienda, a llamar a los inmigrantes asesinos, parásitos, aprovechados y cualquier otro término inapropiado que se le ocurra”, escribió Ana Reyes.
“Sin embargo, está obligada a respetar escrupulosamente la ley”, añadió.
El TPS fue creado en 1990 para acoger a los inmigrantes provenientes de países considerados peligrosos, ya sea por desastres naturales, conflictos armados u otras crisis.
El gobierno Trump emprendió el desmantelamiento de la mayoría de los programas de TPS, como el de Haití, Venezuela o Nicaragua.
Las autoridades afirman que estos programas atraen la inmigración irregular, que se han utilizado indebidamente y que los demócratas los han prolongado demasiado tiempo.
Haití fue designado como elegible para el TPS después del devastador terremoto que azotó el país en 2010. Este estatus se ha prorrogado en varias ocasiones, la última en 2021 bajo la administración Biden.
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