Editorial
Es momento de fortalecer la institucionalidad, revisar protocolos y fortalecer capacidades técnicas.
La toma temporal de presidios y los ataques coordinados contra policías, acontecidos el sábado y ayer, marcaron uno de los episodios más críticos de seguridad pública en Guatemala en años recientes. Los motines simultáneos en tres cárceles y la toma de rehenes evidenciaron algo más profundo que una crisis coyuntural: la fragilidad estructural de una política de seguridad que durante décadas ha sido reactiva, fragmentada y discontinua, a causa de las reyertas partidarias, las sucesiones gubernamentales que experimentan su propio plan y la carencia de un sistema nacional de inteligencia técnica y apolítica que vaya más allá de los cuatrienios.
Esta ofensiva encabezada por pandilleros del Barrio 18, pero acuerpada por otros reos, dejó entrever otros vasos comunicantes cuando algunos de estos individuos pasaron de las recurrentes exigencias de privilegios a pedir un “golpe” contra el Gobierno: algo que hizo eco respecto de otras animadversiones alimentadas por otros grupúsculos e individuos. Ocho agentes de la Policía murieron en los 13 ataques cobardes y arteros de ayer, y 10 quedaron heridos. El presidente decretó un estado de sitio que está enfocado en asegurar la seguridad pública: el Congreso debe ratificarlo y será interesante observar los argumentos a favor o en contra de una medida de excepción emitida en una coyuntura excepcionalmente grave, pero decisiva.
Más allá de la respuesta estatal a los grupos criminales, se necesita erigir una política de seguridad pública basada en inteligencia integral, moderna, sostenida y democrática, que no dependa solo del uso de la fuerza reactiva. Los gobiernos anteriores debilitaron estos sistemas a causa de agendas dudosas o simples negligencias, y el actual no ha sido diligente y efectivo en atender el clamor ciudadano de más seguridad.
Suena paradójico, pero tan trágicos sucesos podrían estar generando una oportunidad irrepetible para emprender una ruta institucional de replanteamiento de la seguridad pública, con participación ciudadana y multisectorial. Guatemala necesita una política de seguridad que combine prevención, investigación criminalística, inteligencia financiera, control territorial y fortalecimiento institucional. De lo contrario, los grupos criminales se adaptan, se mimetizan e incluso buscan aliados a través de financiamientos electorales ilícitos.
Este suceso exhibe la gravedad del deterioro del sistema penitenciario. Las cárceles son furtivos laboratorios de logística criminal: desde allí se ordenan extorsiones, homicidios, intimidaciones y, ahora, maniobras de desestabilización. Basta recordar a los jueces que hace unos meses ordenaron el regreso de ciertos pandilleros recluidos en la cárcel de máxima seguridad a otros penales. Garantizar derechos humanos no es incompatible con garantizar el castigo, pero primero van los derechos de la ciudadanía honrada.
De nuevo, la respuesta correcta es inteligencia, investigación y dentro del marco del Estado de derecho en favor de garantizar el derecho acciones a la vida. El ministro de Gobernación, Marco Villeda, con tres meses en el cargo, ha reconocido fallas en la inteligencia estratégica, pero ha plantado cara firme al intento terrorista. Ahora es momento de fortalecer la institucionalidad, revisar protocolos, fortalecer capacidades técnicas. Pero este esfuerzo precisa de apoyo unánime y no de búsquedas de vacío protagonismo político, menos aún de réditos electoreros. Esta crisis debería marcar el punto de inflexión en el que el Guatemala decidió enfrentar, con inteligencia y legalidad, una amenaza que lleva demasiado tiempo creciendo en la sombra.
