A diferencia de la Iglesia católica que la cuestionó severamente, la mayor institución evangélica del país manifestó su apoyo a la baja de la edad de imputabilidad de los delitos, pero señaló que “debe entenderse como una medida de protección excepcional” y advirtió que “la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña con políticas públicas que atiendan la raíz del problema”.
A la vez, pidió que se garantizara que los menores “no sean derivados a cárceles comunes”, demostró que “debe ser una prioridad la adecuación de las instituciones y espacios físicos donde los niños, niñas y adolescentes serán reencauzados” y le reclamó al Estado, tanto nacional como provincial, “asegurar las partidas presupuestarias para infraestructura y recursos profesionales”.
La posición fue fijada por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) -agrupa al 85 % de los cultos evangélicos- en una declaración en la que afirma que “el éxito de cualquier reforma dependerá de la articulación obligatoria entre Justicia, escuela y familia, junto a mecanismos de evaluación periódica que garantizan la efectividad de las medidas”.
Con ello la organización evangélica ratifica su sintonía con aspectos del gobierno, en este caso la baja de la edad de imputabilidad que impulsa el oficialismo, en un contexto de un fluido diálogo con Javier Milei que le viene dispensando particular atención, a diferencia de su vínculo con la Conferencia Episcopal que hace caso dos años que no recibe.
En tanto, la Iglesia católica dijo días pasados ante el proyecto que, “si bien el delito existe y no es una opción no hacer nada”, constituye “un error abordarlo desde propuestas simplificadoras” porque, señaló, esta problemática requiere un abordaje integral, a partir de “un debate serio y responsable”, sin “oportunismo electoral ni manipulación del malestar social”.
Lamentó en ese sentido que “en lugar de promoverse un debate abierto, plural y democrático que permita construir una reforma sostenible y justa del régimen penal juvenil”, ven “con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación”.
Por su parte, los evangélicos consideran “fundamental la promulgación de una norma acorde a la realidad actual, dado que la legislación vigente ha quedado obsoleta. Es necesaria -precisan- una adecuación de la edad de imputabilidad que sea compatible con los estándares internacionales y el contexto de la región”.
Sostienen que “los hechos delictivos cometidos por niños, niñas y adolescentes dejan al descubierto las falencias del Estado y de la sociedad para prevenir y atender adecuadamente estos casos” y manifiestan su solidaridad “con quienes sufren las consecuencias de estos delitos”.
“Sin embargo, entendemos que la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan la raíz del problema —social, económico, educativo y familiar— y que apunten a la reinserción social”, advierten.
Consideran “imperativo intervenir tempranamente en la trayectoria delictiva, trascendiendo la mera sanción retributiva” y que “debe ser una prioridad la adecuación de las instituciones y espacios físicos donde los niños, niñas y adolescentes serán reencauzados, garantizando que no sean derivados a cárceles comunes.
Tras considerar que también debe contemplarse el concurso de la sociedad civil y “la dimensión espiritual en el proceso de recuperación”, valoran “la incorporación de figuras jurídicas modernas que atiendan de manera específica esta realidad, tales como las medidas alternativas a la pena”.
“Más allá de lo legislativo, consideramos medular atender la ‘orfandad social’, el consumo precoz de sustancias y la desvalorización de la vida. Para ello, es urgente un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y la implementación efectiva de la educación preventiva en las escuelas”, demandan.
Tras afirman que “como iglesias evangélicas, reafirmamos nuestra fe en el poder transformador del Evangelio y nuestra disposición para intensificar la labor con las familias y la niñez” y señalan que “nuestra misión es velar por el bienestar del ser humano y el interés superior del niño, incluyendo a las víctimas.
“Sostenemos que la intervención legal en adolescentes debe entenderse como una medida de protección excepcional, orientada a su transformación y reintegración social mediante equipos interdisciplinarios y el acompañamiento espiritual”, concluye.
