La delegación del Gobierno español en Cataluña y la Generalitat buscan la complicidad de entidades sociales, del mundo económico y de los sindicatos para facilitar el proceso de regularización extraordinaria de migrantes. El número de personas que podrían acogerse al mismo en Catalunya se podría situar entre las 150.000 y las 170.000 del total de 500.000 del conjunto de España, según ha concretado esta tarde el presidente de la Taula del Tercer Sector Social, Xavier Trabado, al término del encuentro que Reunión al delegado del Gobierno, Carlos Prieto, a las conselleras de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, y de Igualtat i Feminisme, Eva Menor, con agentes sociales y el mundo local, en el Palau de Padralbes.
Todos han destacado que la cumbre de hoy es el punto de partida para recabar ideas y la complicidad de todos pues todavía falta concretar muchos detalles. Tal como ha registrado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado el texto de la regularización está en audiencia pública hasta mañana viernes y no será hasta principios de abril cuando se pueda empezar a presentar las solicitudes.
Una de las medidas que se han comentado es la puesta en marcha de un registro de entidades habilitadas para colaborar en la realización de los trámites de las personas que quieran acogerse a la regularización para obtener los permisos de residencia y de trabajo.
Una de las medidas que se barajan en Catalunya es crear un registro de entidades para realizar los trámites.
Generalitat y Delegación del Gobierno han propuesto la creación de un grupo de trabajo técnico para coordinar “las actuaciones de información y formación, así como de orientación a los ciudadanos potencialmente beneficiarios”. A juicio de Martínez Bravo dicha regularización puede ser “uno de los impactos positivos más relevantes en la competitividad de la economía catalana y para la lucha contra la exclusión social”.
Por otro lado, hoy el PP se ha quedado solo en su moción para mostrar su rechazo a dicha regularización por considerarla un instrumento “arbitrario” sin respaldo técnico, presupuestario ni territorial. Pero la propuesta popular se ha aprobado gracias a la mayoría del partido en la cámara. La votación ha finalizado con los votos únicos a favor del PP (143), 112 en contra y siete abstenciones, entre ellas las de Vox, que durante el debate se ha opuesto frontalmente a la medida del Gobierno, pero también ha sido muy crítico con los populares, a los que ha acusado de falta de coherencia y credibilidad, informa EFE. De hecho, Vox había presentado una enmienda de modificación a la moción del PP con medidas como “auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años”, pero el PP la rechazó por “populista”.
La senadora del PP Inmaculada Hernández ha defendido la iniciativa porque considera que la regularización elude el control parlamentario -por tramitarse como real decreto- cuando es una medida de “enorme calado y repercusión jurídica”.
Martínez Bravo destaca el impacto positivo de la regularización en la competitividad de la economía
Desde el PSOE, Pedro Manuel Martín Domínguez ha rebatido algunos de los argumentos del PP como que la regularización traerá un “efecto llamada” de más migrantes a España cuando hay diversos estudios que demuestran que no existe tal relación.
