La reciente formalización de un contrato por 10.000 millones de pesos por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para asesorar a la Presidencia en temas de sanciones financieras internacionales subió el debate, pues desde la oposición aseguran que estaría destinado a la defensa personal del presidente Gustavo Petro por su inclusión en la lista Clinton.
El a la Cámara de Representantes, Germán Ricaurte, fue el primer candidato denunciante. El enfoque del contrato, adjudicado a la firma Amadeus Consultancy Limited, representada por el abogado estadounidense Daniel Martin Kovalik, está dirigido al análisis normativo y procesal del régimen de sanciones financieras aplicadas por autoridades extranjeras, así como a la elaboración de recomendaciones jurídicas estratégicas.
Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Armando Benedetti. Foto:redes sociales
La controversia escaló tras los pronunciamientos del expresidente Álvaro Uribe, quien reclamó transparencia sobre el objeto del contrato.
A través de sus canales oficiales, el líder del Centro Democrático manifestó que la ciudadanía tiene derecho a conocer si el Estado está asumiendo los costos de un proceso que varios sectores califican como personal. “Los ciudadanos tienen derecho a saber si es cierto o no que el fisco nacional paga abogado de Petro, que costaría 10 mil millones de pesos”, aseveró Uribe en una publicación difundida en la red social X.
El expresidente Álvaro Uribe. Foto:MAURICIO MORENO CEET EL TIEMPO
Por su parte, el representante a la Cámara Katherine Miranda ha solicitado formalmente a la Contraloría General de la República ya la Procuraduría General de la Nación que inicien investigaciones.. El congresista del Partido Verde argumenta que el uso de fondos del erario para un proceso que considera de índole personal podría constituir una irregularidad grave.
“Este servicio jurídico, que según el abogado Daniel Kovalic era gratuito, terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario a su firma de abogados, financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, afirmó Katherine Miranda en declaraciones recogidas por el medio La Nación.
El representante enfatizó que el presupuesto nacional debe priorizar el interés general sobre los asuntos individuales de los funcionarios. En su intervención, sostuvo que los recursos públicos no deben emplearse para proteger intereses particulares en procesos que no representan un beneficio directo para el Estado colombiano.
Katherine Miranda, representante a la Cámara durante un debate en el Congreso. Foto:Prensa Cámara
La solicitud radicada por Miranda busca que los entes de control determinen si hubo una violación a los principios de la contratación pública o un posible perjuicio patrimonial.
El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ha justificado la contratación bajo la premisa de que la entidad no dispone de personal interno con la capacitación técnica necesaria para litigar ante autoridades extranjeras en temas de sanciones financieras.
*Artículo desarrollado con apoyo de IA y revisado por un periodista.
