La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 173 años de prisión para el expresidente del BBVA, Francisco González (82 años), por la contratación de José Manuel Villarejo presuntamente para espiar a empresarios de la competencia, políticos y periodistas entre 2004 y 2016.
El Ministerio Público ha presentado … su petición de prisión para González después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirme que debe sentarse en el banquillo. La elevada pena de prisión responde a la solicitud de cinco años de prisión por el delito continuado de cohecho activo y cuatro por cada uno de los 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a tercero por los que se le acusa. En realidad, el límite de cumplimiento es el triple de la pena más grave que se pide para él, por lo que no podría ser superior a los 15 años.
El escrito de acusación de la pieza 9 del caso Villarejo también se dirige contra el BBVA como persona jurídica responsable, solicitando para la entidad la pena de multa de 5 años a razón de 5.000 euros al día por el delito continuado de cohecho activo y 5.000 euros al día durante dos años por los 48 delitos de descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a tercero. Un total de 181,1 millones de euros.
Corrochano como enlace
En noviembre de 2019, en pleno impulso de la macroinvestigación contra el comisario jubilado, Anticorrupción pidió al entonces instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que citase como investigado a Francisco González por contratar a Villarejo a través de su empresa privada Cenyt (desde la que operaba mientras seguía en activo en la Policía) presuntamente para espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero y otros miembros de la cúpula de dicha compañía porque sospechaba de que querían hacerse con el control de la entidad bancaria gracias a su buena relación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En la investigación se cifró en hasta 10 millones de euros la cantidad que habría pagado el banco a la empresa privada del Policía y, además de tomar declaración como investigado a González, se interrogó a Julio Corrochano, jefe de Seguridad del banco y personaje clave puesto que fue el enlace con Villarejo. Él también había sido policía, desempeñando el alto cargo de comisario general de la Policía Judicial y jefe superior de la Policía de Madrid. A través de él, según sostiene Anticorrupción, se habrían hecho los encargos al comisario jubilado de los que se responsabiliza a Francisco González (FG), a pesar de que él negó haber dado las órdenes.
