El litigio entre la Procuraduría y Cancillería por el convenio de $1,3 billones firmado con Portugal para la elaboración de los pasaportes podría prolongarse durante un buen tiempo como consecuencia de trámites judiciales internacionales, lo que abre una ventana temporal para que el Gobierno de Gustavo Petro avance en la puesta en marcha del nuevo modelo, cuyo arranque está previsto en mayo de 2026.
El proceso quedó sujeto a una fase de notificación internacional ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 15 de diciembre, que exige la intervención de la Cancillería y la traducción oficial de la demanda al portugués, un trámite que puede tomar varios meses antes de que el caso entre a discutirse de fondo.
El gobierno del presidente Gustavo Petro firmó el convenio con Portugal. Foto:X Alfredo Saade
Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación demandó al Fondo Rotatorio de la Cancillería, a la Imprenta Nacional ya la Casa de la Moneda de Portugal buscando que un juez declare nulo (sin efectos) el convenio firmado el 28 de julio de 2025 con la imprenta portuguesa, que es el acuerdo que sustenta el nuevo modelo de producción y expedición de pasaportes en Colombia. El Ministerio Público también solicitó una medida cautelar para suspender los giros de dinero de la Cancillería a la Casa de la Moneda de Portugal.
El despacho del magistrado José Elver Muñoz revisó la demanda y, el 20 de octubre de 2025, decidió admitirla y el 29 de octubre, la decisión fue notificada a las partes.
Resuelve solicitudes de aclaración y adición del auto admisorio de la demanda. Foto:Pantallazo
El 6 de noviembre, el Fondo Rotatorio de la Cancillería, que es uno de los demandados, cuestionó la forma en que el Tribunal ordenó las notificaciones. En una solicitud de aclaración, el Fondo Rotatorio advirtió que una de las demandadas es una entidad pública extranjera (la Imprenta Nacional de Portugal), y que el Tribunal la trató como si fuera una entidad colombiana. Siendo así, la notificación debe hacerse mediante un trámite internacional, a través de una autoridad judicial extranjera, con intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, como en Portugal no se habla español, la demanda debe ser traducida.
Pasaportes. Foto:Procuraduría
Ahora bien, la Cancillería no puede iniciar ese trámite internacional sin una orden clara del juez. Por eso pidió que el Tribunal aclarara qué reglas se deben aplicar y ordene expresamente ese procedimiento.
En este punto, el tribunal le dio la razón al Ministerio y dejó claro que la notificación a la Imprenta de Portugal debe hacerse mediante una carta rogatoriaes decir, un trámite judicial internacional.
El trámite de la carta rogatoria puede tardar varios meses, lo que permitiría que el proceso siga sin entrar al fondo del debate mientras el Ejecutivo avanza en la implementación del nuevo modelo de pasaportes antes de que culmine su mandato de cuatro años.
La demanda y todos los documentos deben ser traducidos al portugués. La Procuraduría, que es la demandante, deberá pagar y aportar las traducciones oficiales en un plazo de 10 días hábiles.
¿Doble función de la Procuraduría?
Gregorio Eljach, procurador general. Foto:Procuraduría
Además de la corrección del trámite con la Casa de la Moneda, el Fondo Rotatorio señaló que la Procuraduría estaría jugando dos roles al mismo tiempo: como demandante, porque fue la entidad que presentó la demanda, y como agente especialque normalmente interviene en los procesos para vigilar la defensa del ordenamiento jurídico, las garantías y los derechos procesales.
Según el Fondo Rotatorio, eso rompe el equilibrio del proceso, porque la Procuraduría estaría demandando, y al mismo tiempo, vigilando el proceso que ella misma inició. Por eso pidió que el Tribunal no notifique el proceso a un procurador común, sino que designe un procurador ad-hocexterno a la Procuraduría, o incluso que esa función la asuma la Defensoría del Pueblo.
José Elver Muñoz es el magistrado ponente. Foto:Cancillería.
aquí el Tribunal no aceptó el reclamopero corrigió un error de redacción. Por descubierto, se escribió que debía notificarse al agente del Ministerio Público, cuando en realidad debía decir todo lo contrario. Por eso, ordenó expresamente que no se notifique al Ministerio Público, porque la Procuraduría ya está actuando como demandante. En consecuencia, no hacía falta designar un procurador ad-hoc, ni trasladar la función a la Defensoría del Pueblo.
La Cancillería, por ahora, con estas dos decisiones, gana un primer pulso dentro de un proceso que podría extenderse más de lo previsto.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Redacción Política
