Frente a la tibia reacción de los órganos que representan a los abogados -el CPACF y la FACA- frente a las modificaciones que los impactan en la nueva ley Laboral que se reformó a instancias del gobierno de Javier Milei, unos 29 colegios de abogados con influencia en todo el país, decidieron hacer una presentación conjunta para solicitar que la justicia frene los artículos de la nueva ley.
La presentación que busca obtener una medida cautelar por parte de los tribunales para que de sin efecto parte del articulado se inscriba en el aluvión de presentaciones de similares características que atacan diversos frentes de la nueva norma aprobada por el Congreso y que era una de las principales batallas de la gestión libertaria en sesiones extraordinarias. La vía intentada apunta a demostrar un perjuicio en un caso concreto del derecho a defensa en juicio y el peligro en la demora que se aplican en los artículos controvertidos que perjudican el ejercicio de su profesión.
De acuerdo a lo que pudo confirmar Ámbitola presentación ingresó esta mañana al poderoso fuero Contencioso Administrativo Federal y se suma a otras de diversa índole que sembraron en otros fueros y apuntan a invalidar por inconstitucional el texto aprobado por el Senado y Diputados que, por contar con el número, el oficialismo y aliados votan con pocas modificaciones.
Qué plantea la demanda
Los colegios solicitaron, con el patrocinio del abogado Alberto Spota una medida cautelar autónoma para que se suspendan los artículos 20 y 227 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada en febrero. Esto hasta tanto se dicta lo que se considera inconstitucional, como sentencia definitiva. Aseguraron que se violentan los artículos 14 bis, 17, 18 y 75 de la Constitución Nacional. Por la magnitud y representación de los colegios es casi una acción colectiva para la que aseguran estar legitimados por su representatividad entre los matriculados.
Consideraron “una utilización desviada de las herramientas procesales, susceptible de afectar no sólo a las partes involucradas, sino al adecuado servicio de justicia en su conjunto”. Puntualmente, atacan el régimen de percepción de honorarios profesionales en el proceso laboral, alterando las condiciones en que los abogados ejercen su actividad, lo que impacta en intereses de un colectivo. Citaron precedentes de la Corte Suprema en la materia respecto de cautelares cuando se plantean hechos que pueden colisionar con la Constitución.
Centralmente, la medida apunta a contrarrestar el eventual pago en cuotas de los honorarios profesionales en los juicios laborales por poseer naturaleza alimentaria y una eventual reducción que pueda impactar en el derecho de propiedad privada.
Por otra parte, apuntan contra agravios hacia el derecho procesal como es la regulación de costas de los abogados ante un tribunal, algo que le correspondencia dictar a cada provincia de acuerdo a las facultades que se le confieren para dictar su propio sistema de normas de litigio. “El ordenamiento procesal argentino ya contempla mecanismos destinados a sancionar las conductas procesales abusivas o contrarias a la buena fe. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, por ejemplo, establece el deber de las partes y sus letrados de actuar con lealtad, probidad y buena fe en el proceso (art. 34, inc. 6°), facultando a los jueces a prevenir y sancionar los actos contrarios a dichos principios. Asimismo, el artículo 45 del mismo cuerpo normativo autoriza a los jueces a imponer sanciones en supuestos de temeridad o malicia procesal”, afirmaron en la presentación a la que tuvo acceso Ámbitoen exclusiva. La nueva norma sería “redundante” en el mismo tema.
Para los abogados esto generaría un efecto disuasivo ante el riesgo patrimonial que implica que sufran sanciones lo que desvirtúa el derecho de defensa. “Las normas impugnadas aparecen prima facie incompatibles con el orden constitucional y legal vigente, configurándose así el requisito de verosimilitud del derecho exigido para el dictado de la medida cautelar solicitada”.
Una multitud de Colegios de todo el país.
A la vez, y como estrategia, los abogados solicitaron que se declara la inconstitucionalidad de la concesión de un traslado al Estado nacional previsto para evacuar el informe mencionado en el art. 4° de la ley 26854, en forma previa a la resolución del pedido cautelar para evitar las trabas en el proceso que el Gobierno podría intentar. Y tampoco que la medida interna quede sin efecto ante el eventual informe que el Estado aporte a la causa, otra forma de ir ganando tiempo con la que cuenta el Gobierno para evitar la sangría de artículos de la flamante norma.
Asimismo, se ataja con el efecto suspensivo que podría tener una apelación oficial para acudir a la Cámara en caso de que se abra en primera instancia con que le otorgan la razón a los abogados. Una forma de blindar -aunque sea temporalmente- todas las herramientas que tiene el Estado para estirar indefinidamente el proceso.
Con el impulso de los abogados del Colegio de Abogados de Villa María, representado por su presidenta Amalia Itatí Demarchi, entre otros, se tejieron las firmas que lograron la adhesión y participación en la demanda del Colegio Público de Abogados de la Primera Circunscripción Corrientes, el de Córdoba; Paso de los Libres; de Jujuy; el Colegio de la Abogacía de Viedma; el Colegio de Abogadas y Abogados de General Roca; el Colegio de abogados de Laboulaye; Villa Dolores; de Cruz del Eje; el Colegio de Abogados de Río Cuarto; San Francisco; el Colegio de abogados de Bell Ville; Deán Funes; Río Tercero; el de Concepción del Sur; el Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia-Chaco; de la Pampa; el Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe; el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta; el Colegio de Abogados San Carlos de Bariloche; el Colegio Público de Abogados de Ushuaia; de Charata; el de Santo Tomé; Goya; el de Curuzú Cuatiá; Cutral Co Neuquén; Córdoba capital y Trelew Chubut.
