el gobierno promulgó el nuevo Régimen Penal Juveniluna reforma que establece la responsabilidad penal desde los 14 años y crea un sistema específico de sanciones para adolescentes que cometen delitos antes de los 18 años.
La normativa quedó oficializada con la publicación de la ley 27.801 en el Boletín Oficialdiez días después de haber sido aprobado por el Senadodonde el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei obtenido 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
El nuevo esquema regula el tratamiento penal para jóvenes de entre 14 y 18 años que están imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales. Según el texto oficial, el objetivo del sistema es Promover el sentido de responsabilidad legal por los actos cometidos y favorecer la educación, la resocialización y la integración social del adolescente..
Entre las herramientas previstas se incluyen programas educativos obligatorios, capacitación laboral, actividades deportivas, recreativas o culturales y cursos de formación ciudadana. También se contempla la posibilidad de médicos o psicológicos y tratamientos de asistencia en servicios de salud acordes a la edad del adolescente.
El régimen establece además sanciones que podrán aplicar los jueces, como amonestaciones judiciales, restricciones para acercarse a la víctima, prohibición de asistir a determinados lugares o espectáculos, impedimentos para conducir vehículos y monitoreo electrónico.
Otra de las medidas previstas es la prestación de servicios comunitariosque consiste en realizar tareas de interés social en hospitales, escuelas u organizaciones sin fines de lucro. La normativa también contempla mecanismos de reparación del daño causado a la víctima.
Privación de libertad como último recurso
En los casos en que corresponda una pena de prisión, la ley establece diferentes modalidades de cumplimiento, como detención domiciliaria, permanencia en institutos abiertos o alojamiento en centros especializados para adolescentes.
El texto dispone que los menores detenidos no podrán permanecer alojados junto a personas adultas y que los institutos deberán contar con personal capacitado para el tratamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal.
Responsables. La iniciativa de Cambia Mendoza buscará que los padres se hagan cargo de los delitos de sus hijos menores de edad.
Además, prohíbe la aplicación de penas de prisión perpetua o reclusión perpetua para adolescentes y fija que el plazo máximo de privación de libertad será de 15 añosaun cuando el delito tenga una escalada penal mayor.
Mediación, suspensión del proceso y derechos de las víctimas
El nuevo régimen también incorpora mecanismos destinados a evitar la continuidad del proceso penal en determinados casos, entre ellos. la mediación penal juvenil, la aplicación de criterios de oportunidad por parte del fiscal y la suspensión del proceso a prueba.
La ley reconoce además derechos específicos para las víctimasgarantizando que puedan ser informado sobre el avance de la causa, participar en el proceso y solicitar medidas de protección.
En los casos en que se determine responsabilidad por daños, el texto habilita la posibilidad de exigir responsabilidad civil a los padres o responsables legales del adolescentesegún lo determine la sentencia judicial.
Supervisión y principios del sistema.
El cumplimiento de las medidas o sanciones deberán ser supervisados por profesionales especializados designados por la Justiciaque tendrán la tarea de realizar seguimientos periódicos e informes sobre la situación personal, educativa y social del adolescente.
Entre los principios que rigen el nuevo régimen figuran el respeto por la dignidad del adolescente imputado, el derecho de defensa desde el inicio del proceso, el debido proceso legal y la reserva de identidad de los menores involucrados..
Régimen penal juvenil 25
STV
La normativa además deroga la ley 22.278que regulaba hasta ahora la responsabilidad penal de menores, e invita a las provincias ya la Ciudad de Buenos Aires a adaptar su legislación al nuevo sistema.
Por último, se establece que el Poder ejecutivo nacional deberías supervisar la implementación del régimen y coordinar su aplicación con las jurisdicciones provinciales.
