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- Autor, Redacción
- Título del autor, BBC News Mundo
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Tiempo de lectura: 5 minutos
La Corte Suprema de Panamá anuló el jueves la concesión que permitía a la empresa china CK Hutchison, con sede en Hong Kong, operar puertos en el Canal de Panamá.
CK Hutchison es uno de los conglomerados más grandes de Hong Kong y abarca los sectores financiero, minorista, de infraestructura, telecomunicaciones y logístico.
La empresa china tiene opciones limitadas tras el veredicto. Puede presentar una moción solicitando una aclaración sobre el fallo del tribunal, pero no puede apelar. La compañía también puede solicitar un arbitraje internacional.
Mientras China y Estados Unidos compiten por influencia global, los puertos de contenedores se han convertido en una moneda preciada, especialmente aquellos ubicados en lugares geopolíticamente estratégicos como el Canal de Panamá, señala la agencia AFP.
Estados Unidos y China son los principales usuarios del Canal de Panamá. La ruta comercial de 80 km maneja el 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos. Alrededor del 5% del comercio marítimo mundial transita por la vía.
Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, ha mantenido contratos desde la década de 1990 para operar terminales de contenedores en las entradas del Pacífico y el Atlántico del canal, independientes de las operaciones de la vía interoceánica.
PPC administra los puertos de Cristóbal, en la entrada atlántica del canal, y de Balboa, en el lado pacífico.
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El fallo y la reacción de China
La Corte Suprema declaró “inconstitucionales” las leyes que permitían a CK Hutchison Holdings operar dos de los cinco puertos del canal.
La demanda para cancelar la concesión se presentó ante el tribunal superior de Panamá el año pasado, alegando que se basaba en leyes inconstitucionales y que la empresa de Hong Kong debía impuestos.
En abril, la Contraloría de Panamá acusó a la firma de presuntamente no pagar al Estado US$1,200 millones de sus operaciones, según una auditoría realizada por la agencia encargada de supervisar el gasto público.
La filial de CK Hutchison se vio afectada por el fallo rechazar la sentencia, alegando que “carece de fundamento legal”.
PPC afirmó haber invertido US$1.800 millones en infraestructura y tecnología durante casi tres décadas operando los puertos panameños, y agregó que se reserva permanentemente todos los derechos, incluido el recurso a procedimientos legales nacionales e internacionales.
El fallo “pone en peligro no solo a PPC y su contrato, sino también el bienestar y la estabilidad de millas de familias panameñas que dependen directa e indirectamente de la actividad portuaria”, declaró.
Las acciones de CK Hutchison cayeron más del 4% en la bolsa de valores de Hong Kong el viernes.
La decisión del tribunal podría interrumpir la propuesta de CK Hutchison de vender decenas de puertos en todo el mundo, incluyendo terminales panameñas, a un consorcio liderado por la empresa estadounidense de manejo de activos BlackRock y Mediterranean Shipping Company (MSC).
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, declaró el viernes en una rueda de prensa que el país “tomará todas las medidas necesarias para salvar firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas”, señaló la agencia Reuters.
El gobierno de Hong Kong afirmó por su parte en un comunicado que “se opone firmemente a cualquier gobierno extranjero que utilice medios coercitivos, represivos o de otro tipo irrazonables en las relaciones económicas y comerciales internacionales para perjudicar gravemente los legítimos intereses comerciales de las empresas de Hong Kong”.
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Entre Estados Unidos y China
El canal se ha convertido en un punto de conflicto recurrente mientras Trump aplica lo que llama la actualizada “Doctrina Donroe”, que refuerza la autoridad estadounidense en el hemisferio occidental.
Apenas días después del inicio de su segundo mandato, Trump amenazó con recuperar el canal de Panamá – que fue construido por Estados Unidos y entregado a Panamá en 1999 -, alegando que China lo estaba “operando”.
En su discurso inaugural, el presidente estadounidense declaró: “No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo estamos recuperando”.
Panamá rechazó en ese entonces la afirmación de que China tenía control de facto sobre el canal.
En una visita a Panamá en febrero del año pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, exigió a Panamá implementar “cambios inmediatos” en lo que llamó la “influencia y control” de China sobre el Canal de Panamá.
El máximo diplomático estadounidense afirmó que Panamá debía actuar o Estados Unidos tomaría las medidas necesarias para proteger sus derechos en virtud de un tratado entre ambos países.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha insistido en que la neutralidad del canal está intacta. Pero aún así el gobierno panameño ha tomado medidas para aliviar la presión desde Washington.
Panamá se retiró en 2025 de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, ya principios de este mes anunciaron nuevos ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Panamá para la defensa del Canal, los cuartos desde 2025.
Al mismo tiempo, Pekín ha criticado duramente las medidas contra sus activos en Panamá, incluyendo la demolición, a finales del año pasado, de un monumento en honor a los trabajadores chinos que ayudaron a construir el canal y el ferrocarril del siglo XIX que lo precedió.
“El último giro refleja la amplia orientación política de la Doctrina Donroe y el énfasis en la seguridad, que seguirá trayendo vientos en contra a la relación entre Estados Unidos y China”, afirmó Gary Ng, economista senior de Natixis SA a Bloomberg, la empresa de datos y análisis financiero estadounidense.
“Es posible que los países se enfrenten a una mayor presión por parte de Estados Unidos para controlar la propiedad extranjera de infraestructuras, y la geopolítica será un factor aún más crítico”.
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