En plena campaña electoral ya 46 días de elegirse a un nuevo Congreso en las urnas, el presidente Gustavo Petro cumplió una de sus promesas de campaña de 2022 y les redujo el salario a los senadores y representantes con la eliminación vía decreto de la prima especial de servicios, un pago de alrededor de $16 millones que reciben todos los congresistas mensualmente. El paso que dio la Casa de Nariño tensionó al sector legislativo, cuyo salario es de $52 millonespues además del ‘golpe económico’ que supondrá la medida en sus bolsillosse abrió todo un debate jurídico que puede llegar a instancias del Consejo de Estado.
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El presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), cuestionó que el gobierno Petro derogará el decreto 2170 de 2013con el que el gobierno de Juan Manuel Santos desarrolló este pago. Dijo que se trata de una especie de venganza del Ejecutivo al Legislativo por su negativa a varios proyectos y reformas de los oficialistas.
Además, criticó al jefe de Estado por haber recibido esta prima “en silencio” durante casi 20 años, cuando fue legislador: “Jamás expresó inconformidad. Por eso, este decreto no es una cruzada de austeridad, sino un mensaje de lo que equivocadamente considera un castigo político contra un Congreso que decidió ser independiente y no someterse al Ejecutivo. Aun así, acatamos la decisión”.
Lidio García, presidente del Congreso. Foto:Prensa Senado
Son varios los congresistas que ven la determinación como un castigo o como una medida con tinte electoral, pero también hay quienes celebran la medida, pues la reducción de los salarios es un debate que se ha llevado al Capitolio en al menos 18 oportunidades. Todos los intentos se hundieron e incluso hubo dudas para su respaldo desde el oficialismo..
En julio de 2022, por ejemplo, Iván Cepeda y el entonces senador Gustavo Bolívar dijeron que no podrían cumplir la promesa del presidente con la reducción inmediata de los salarios, pues ya muchos legisladores tenían deudas adquiridas por la campaña, cuyo pago podría verse afectado con el reajuste en el sueldo.
Tiempo después fue la senadora Isabel Zuleta quien elevó sus dudas, expresando que se esforzaba por ganarse su salario y que sus gastos personales eran elevados. “Nadie discute cuánto es el salario de un futbolista porque se le reconoce su esfuerzo. Yo he visto en este Congreso esfuerzo y me he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes”.
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Más de tres años después, la mayoría de los legisladores está adelantando campaña para su reeleccióny si antes de los tiempos electorales oponerse a la reducción del salario provocó polémica, ahora más, cuando los ojos de los electores están encima para definir el voto.
“El Gobierno tiene todas las posibilidades de hacer política electoral con este mecanismo, es munición para la campaña del Pacto Históricopara decir ‘fuimos capaces de hacer lo que nadie nunca pudo’. Aunque habrá intentos de demandas, pocos congresistas van a salir a defender el pago de la prima de servicios públicamente”, señaló Gonzalo Araujo, socio de la firma política Orza.
María Fernanda Carrascal, Laura Beltrán, Alejandro Ocampo y María M Pizarro. Foto:María Fernanda Carrascal
Para el analista, la medida, aunque entrará a regir a partir del próximo 20 de julio cuando se instale un nuevo Congreso, sí podrá afectar el último tramo de los proyectos y reformas del petrismo en el Capitolio. Quedan pendientes por su aprobación la Jurisdicción Agraria, la apelación de la reforma a la salud y la iniciativa para revivir el Ministerio de la Igualdad.
“Los congresistas van a cerrar filas y al Gobierno no le van a pasar nada. De hecho, eso lo puede capitalizar porque Se profundizaría la narrativa del golpe blando y el bloqueo institucional.”, mencionó.
En todo caso, el decreto, como todo acto administrativo, sería exigible ante el Consejo de Estado, que tendría a su cargo definir su legalidad. si que no solo el bolsillo de los congresistas resultaría afectado, también el de los magistrados de las altas cortes.pues sus honorarios se tasan con base en el salario integral de los legisladores.
Según fuentes de estos tribunales, las reducciones de este monto alterarían la referencia con la que se fijan sus sueldos, así como los de otros altos funcionarios judiciales, procuradores y fiscales. Y aunque ellos resultarían afectados por el contenido de la norma, no estarían obligados a declarar impedidos ante una eventual demanda, en la medida en que el efecto sea general y unánime.
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El abogado Samuel Ortiz Mancipe se adelanta a un argumento con el que los senadores y representantes podrían buscar tumbar el decreto: “la derogatoria de esa prima especial de servicios les afecta al ser una especie de “derecho adquirido” y que infringe el principio de no desmejorarniento de los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores”.
Ortiz agrega que las justificaciones del Ejecutivo para la eliminación de la prima podrían debatirse: “El Gobierno Nacional no ofrece una buena argumentación para ello, pues se limita a decir que la medida se toma para “reorientar una senda de gastos y unas medidas de austeridad inmediatas y necesarias”.
El petrismo se juega esta carta. y aunque pueda llegar a revertirse la medida o imponerse nuevamente con un decreto, sigue cultivando su golpe de opinión ante el electorado bajo el argumento de tapar el hueco fiscal del Presupuesto, mejorar las sendas económicas del país y buscar mayor equidad entre los salarios de la mayoría de los colombianos y los de los más de 200 legisladores.
LAURA CATALINA PERALTA GIRALDO
Redacción Política.
