El juzgado de Tarragona que instruye el caso Montoro está cerca del colapso a tenor del ritmo que lleva para ventilar determinados asuntos que se retrasaron durante meses. Así lo denuncian fuentes jurídicas consultadas por ABC que ponen el foco en que el juez Rubén … Rus todavía no ha enviado a la Audiencia Provincial de Tarragona los recursos de apelación que las defensas de los investigados presentados en septiembre de 2025hace cinco meses ya, y en los que, por ejemplo, se debe pronunciar sobre la competencia de ese juzgado, sobre la posible nulidad del secreto de las actuaciones o sobre si se está ante una causa prospectiva por el hallazgo casual de correos electrónicos en un registro policial de Mossos.
Estas fuentes, de hecho, se quejan de que, desde que el juez levantó en junio el secreto de la investigación -que se expandió por siete años- no ha acordado ninguna diligencia relevante más allá de la de pedir que se pronunciaran las partes sobre la necesidad de prorrogar la causa otros seis meses. Por eso, considera que es llamativo que el juez titular de la Plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarragona no haya acometido un simple trámite como el de elevar los recursos al tribunal que tenga que conocer de los mismos.
Coincide que en el auto del pasado 26 de enero por el que el juez prorrogó la instrucción, el propio Rus señaló que la causa es «sumamente compleja» y que se estaba a la espera de que «todos los personas queden plenamente instruidos en el contenido de las actuaciones». Este extremo coincide con lo que varios de los encausados denuncian, que un día de hoy ni siquiera cuentan con el sumario completo de la causa.
En este sentido, el juez explicó que el levantamiento del secreto provocó la presentación de decenas de escritos que ha devenido en «una gran dificultad para la diligenciación de los mismos». Esto, apuntaba, ha derivado también en que no se haya acordado aun la toma de declaración de los investigados. Y avanzaba ya que prevé otro aluvión de diligencias cuando se realicen esas comparaciones y cuando se reciba un nuevo informe de la Agencia Tributaria.
Una treintena de investigados
Cabe recordar que en esta causa constante como investigado el exministro Cristóbal Montoro junto con una treintena de encausados por delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales, fraude contra la administración pública, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios, contra la libre competencia y falsedad documental. El epicentro, según los investigadores está en el despacho Equipo Económico, que fundó Montoro tras pasar por el Gobierno de José María Aznar, y que luego abandonó cuando entró en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Sostiene la Fiscalía que esa consultora le habría servido, según las pesquisas, para beneficiar de forma ilegal, favoreciendo a empresas gasistas.
Junto a él, también están investigados antiguos colaboradores que pasaron por Hacienda y que operaron en el despacho que el ministro cofundó, primero bajo el nombre de Equipo Económico (EE) y que luego pasó a llamarse Global Afteli, que habría accionado como intermediario entre grandes empresas, especialmente del sector gasista, y el poder legislativo.
Entre esos altos cargos del Ministerio durante la etapa Montoro, también imputados, están el exsecretario de Estado Miguel Ferré, el ex director general de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez Menéndez, el exsubsecretario de Hacienda Felipe Martínez Rico y la exsubsecretaria de Presupuestos Pilar Platero, así como los exdirectores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.
