Para la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Monterola trayectoria de Vicente Fernández Guerrero tras dejar la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) era tan desconocida y sorprendente como era la faceta personal del ex ministro … y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos para su antiguo jefe Pedro Sánchez. El hombre al que entregó el poder empresarial del Estado en el primer mandato del PSOE tras la moción de censura a Mariano Rajoy está hoy investigado por crear una trama criminal dedicada a cobrar comisiones supuestamente fraudulentas de empresas privadas beneficiadas con contratos y ayudas públicas concedidas por sociedades vinculadas a la SEPI, el conglomerado estatal asdcrito al Ministerio de Hacienda.
Desde que fue detenido el pasado 10 de diciembre y, posteriormente puesto en libertad con medidas cautelares, María Jesús Montero ha tratado de marcar distancias con su antiguo lugarteniente en la SEPI, quien se llevó a Madrid tras haberlo nombrado interventor general de la Junta de Andalucía. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, la ministra ha insistido en la misma idea argumentando que Vicente Fernández, al que ya ni siquiera cita por su nombre, para mostrarse como la más sorprendida de todos por la implicación en la presunta organización criminal que se formó junto a la ‘fontanera’ de Ferraz y exdirectiva de Correos Leire Díez y el dueño de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, presunto socio de Santos Cerdán.
«El devenir que siguió a este señor me parece absolutamente sorprendente; entrar en un despacho en donde se llevó la acusación de los ERE y, posteriormente, estar trabajando en esta empresa, me parece que todo es un despropósito», ha asegurado Montero. El bufete al que se refiere no llevaba la acusación del PP en el caso ERE en mayo de 2021, cuando Fernández empezó a colaborar con él. Y respecto a Servinabar, su gobierno le dio autorización para trabajar con esta compañía que supuestamente se llevaba una comisión del 2% en las obras públicas adjudicadas a Acciona por el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos, como la ampliación del puente del Centenario de Sevilla, según consta en los informes de la UCO al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que investiga esta causa.
La también secretaría general del PSOE insistió en que ella perdió el «contacto» con Fernández «hace seis años» y ha expresado su «decepción» con la deriva que tomó su vida profesional tras su marcha de la SEPI. Tardó, eso sí, 18 meses en cubrir la presidencia de este organismo a la espera de que el caso Aznalcóllar, por el que había dimitido, se archivase para restablecerlo en su antiguo puesto.
María Jesús Montero asegura que «yo recluté a mucha gente de Andalucía para llevarla a mi equipo»; uno de ellos fue Vicente Fernández
La vicepresidenta primera del Gobierno ha dicho en su descargo que cuando ella lo nombró el 22 de junio de 2018, Fernández «tenía y tiene un currículum inmejorable en materia profesional». «Yo recluté a mucha gente de Andalucía para llevarla a mi equipo.porque confió plenamente en los andaluces y tiene que haber más visibilidad de personas de Andalucía en otras partes donde se toman decisiones», ha recordado.
«Sobre el papel, todos los criterios para poder optar a esa posición, y durante el tiempo que estuvo en la SEPIno se está investigando nada ilegal ni nada irregular de ese período», ha añadido Montero, quien ha apuntado que los hechos investigados han ocurrido después de que él volviera a la Junta «y pidiera compatibilidad con la empresa Servinabar, que hemos conocido posteriormente que estaba incorporada a la situación que se está investigando, y con un despacho de abogados de Sevilla, que llevó la acusación del PP en el caso de los ERE».
«Durante el periodo que estuvo trabajando en una estructura del gobierno no se está investigando ningún hecho delictivo», ha señalado. Sin embargo, el juez Antonio Piña, que tuteló la macro operación en la que fue detenido Fernández, ha dejado escrito que el expresidente de la SEPI habría contado con la colaboración de determinados cargos públicos del organismo estatal para lucrarse supuestamente con las comisiones.
