El Tribunal Supremo acaba de certificar que el exfiscal general del Estado ha depositado los 7.200 euros de multa fijada por la Sala que le condenó por un delito de revelación de datos reservados. Además, reclama un número de cuenta de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para ingresarle los 10.000 euros fijados por responsabilidad civil. El dinero de la multa será transferido al Tesoro Público.
El Tribunal Supremo condenó a Álvaro García Ortiz a una pena de 2 años de inhabilitación especial y una multa de 7.200 euros (12 meses con cuota diaria de 20 euros) por un delito de revelación de secretos. Además, fijó una indemnización de 10.000 euros a González Amador por daños morales y pagar las costas procesales.
El Supremo demostró responsable al entonces fiscal general por filtrar datos reservados de González Amador a un periodista y después hacerlos públicos a través de una nota de prensa. Concretamente, se trata de unos correos electrónicos entre el abogado del empresario y la Fiscalía para buscar un acuerdo de conformidad y evitar que la pareja de Díaz Ayuso acabe en el banquillo de los acusados por dos delitos de fraude fiscal.
En un escrito entregado al Supremo, la defensa de García Ortiz manifiesta que los fondos para la multa y la indemnización provienen de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de
Fiscales (UPF). García Ortiz asume íntegramente dicho pago como propio.
