En la previa del debate en el Senado, la Casa Rosada cuestionó a la dirigencia sindical por “privilegios de defensa” y ratificó que el operativo de seguridad estará a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional, con fuerzas federales y porteñas coordinadas.
Por estas horas, la Casa Rosada afina el operativo para la movilización convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones políticas y sociales frente al Congreso, en rechazo a la reforma laboral que comenzará a debatirse en la Cámara alta. En el oficialismo aseguran que se aplicará sin excepciones el denominado “Protocolo antipiquetes” y advierten que no permitirán cortes ni bloqueos.
Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que se está analizando quiénes convocan, el número estimado de manifestantes y los puntos de concentración para diagramar el despliegue. “El protocolo está siempre activo”, remarcan en despachos oficiales, y agregan que se aplicará durante toda la jornada.
El operativo estará coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Alejandra Monteoliva. Se conformará un comando unificado con participación de fuerzas federales, mientras que la Policía de la Ciudad acompañará las columnas en su desplazamiento. Las fuerzas nacionales, en tanto, estarán apostadas en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina.
Marcha paro CGT 1.jpg
Télam
El gobierno contra la dirigencia sindical
En paralelo, desde el Gobierno endurecen el discurso frente a la dirigencia sindical. Según transmiten fuentes oficiales, “un grupo de sindicalistas eligió mantener intereses sectoriales y privilegios a costa de perjudicar al conjunto de los argentinos”.
En esa línea, defienden la reforma bajo tratamiento al sostener que apunta a los trabajadores informales, a las pymes y a los jóvenes que no logran insertarse en el mercado laboral. En Casa Rosada insisten en que hoy el 50% de los trabajadores —alrededor de cinco millones de personas— se desempeñan en la informalidad, sin acceso a derechos básicos.
También subrayan que la Argentina mantiene desde hace doce años prácticamente la misma cantidad de trabajadores registrados y que el país exhibe uno de los niveles más bajos de creación de empresas en América Latina cada 100.000 habitantes. A ello suman que figura entre los tres países con mayor presión impositiva de la región.
“La modernización laboral no quita derechos, viene a resolver estos problemas estructurales”sostienen en el Ejecutivo. Y agregan que, si la dirigencia sindical estuviera verdaderamente enfocada en la defensa de los trabajadores, debería proponer alternativas frente a la informalidad. “Se oponen, pero no presentan soluciones”, afirman.
Con ese telón de fondo, el oficialismo busca mostrar firmeza en dos frentes: avanzar con el debate parlamentario y, al mismo tiempo, garantizar —según su definición— el orden en el espacio público durante una jornada que se anticipa de alta tensión política.
